La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó ayer, por tiempo indefinido, la discusión de varios de los asuntos más relevantes que ya tenía programados en la lista del Pleno para los próximos días.

Los ministros acordaron en sesión privada no discutir por ahora un proyecto que podría llevar a declarar inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila; otro que avala la objeción de conciencia de personal médico —permitida en la Ley General de Salud— y uno más que falla contra la protección a la vida desde la concepción, prevista en la Constitución de Sinaloa.

Tampoco será discutido, por ahora, un proyecto que anula varios aspectos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, vigente desde agosto de 2019 e impulsada por el actual gobierno federal.

La ley de extinción se iba a discutir este jueves, mientras que los proyectos relacionados con aborto iban a ser votados a partir del 17 de mayo.

Fuentes judiciales informaron que, en el caso de estos últimos, el Pleno decidió dar más tiempo para recibir posturas y documentos de organizaciones interesadas, tanto a favor como en contra.

La extinción de dominio, en tanto, hubiera sido la primera reforma legal iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que discutiría el pleno de la SCJN desde mayo de 2019, cuando, por 8 votos contra 3, invalidó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Si bien el proyecto de sentencia no es público, fuentes judiciales informaron que la ministra Norma Piña propuso a sus colegas invalidar varios artículos de la norma, por la cual el denominado Gabinete Social de la Presidencia, encabezado por el Ejecutivo, puede disponer prácticamente a discreción de los bienes declarados extintos por un juez al estar supuestamente vinculados con un delito.

El artículo más vulnerable será el 228, que permite la “venta anticipada” de bienes, incluso cuando no se hubiera dictado la sentencia respectiva en el juicio.

Los proyectos retirados de la lista fueron repartidos por los ministros ponentes a sus colegas: desde finales de noviembre los relacionados con penalización del aborto, objeción de conciencia y extinción de dominio, y el pasado 16 de febrero el de protección a la vida desde la concepción.

Víctor Fuentes
Agencia Reforma