Uno de cada cinco mexicanos o el 23.7% de la población mayor de 18 años declaró haber sido discriminado en el país durante 2022, principalmente por su forma de vestir y su arreglo personal; su peso o estatura; y por sus opiniones políticas, según la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A esas razones le siguen ser mujer u hombre, la edad, la creencias religiosas, la clase social, el lugar donde vive, su estado civil y el tono de piel.
En 2017 −fecha de la publicación de la última encuesta−, el 20.2% de la población reportaba haber sido discriminada, ya para 2022 la cifra se elevó al 23.7%.
Los grupos de población que presentan mayor prevalencia de discriminación son la población de la diversidad sexual, afrodescendientes, las trabajadoras del hogar remuneradas, las personas con discapacidad y las personas migrantes.
Datos de la encuesta levantada entre julio de 2021 y septiembre de 2022 arrojan que el 24.5% de mujeres, frente al 22.8% de la población de hombres manifestaron haber sido víctimas de discriminación en los últimos 12 meses.
Mientras que de la población de mujeres de la diversidad sexual y de género, 44.6% dijo haber tenido alguna experiencia de discriminación en los últimos 12 meses.
Para las mujeres, el motivo de exclusión más frecuente es el género; para las personas LGBTI+, la apariencia, el género y la orientación sexual; mientras que para los adultos mayoreses la edad.
Los estados del país donde se registró mayor discriminación son Yucatán (32.1%), Puebla (30.6%), Querétaro (30.5%), Ciudad de México (29.6%) y Jalisco (27.1%).
En contraste, los estados donde menos se discrimina son: Sinaloa (13.8%), Sonora (17.5%), Nayarit (17.9%), Nuevo León (18.4%) y Campeche (18.5 %).
El 20.5% de población manifestó que se le negó injustificadamente alguno de sus derechos en los últimos cinco años. De este porcentaje, 21.3% correspondió a mujeres y 19.6% a hombres. Entre los derechos negados destacan: recibir apoyos de programas sociales (becas, Bienestar, etcétera), atención médica o medicamentos, atención o servicios en alguna oficina de gobierno, así como a un crédito de vivienda, una tarjeta o un préstamo.
La población coincide en que los derechos que menos se respetan en nuestro país son los de las personas LGBTI+.
