La decisión de la Suprema Corte de eliminar la prisión preventiva automática a detenidos por contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal, enfrentó ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro Arturo Zaldívar.

Según López Obrador, el fallo de los ministros protege la corrupción, apoya a las minorías y evita que los fifís vayan a la cárcel.
Por el contrario, Zaldívar aseguró que es una decisión para proteger a los más pobres.

“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos”, escribió Zaldívar en su cuenta de Twitter, luego de que el presidente criticó el fallo en su mañanera.

“(La prisión preventiva oficiosa) se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza”, agregó.

“Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”.
Después en un videomensaje, Zaldívar, dijo que la prisión preventiva que se dicta en automático es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.

“En México, desde hace muchos años hemos, abusado de la prisión preventiva, se detiene para investigar, esto ha afectado a sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado de calidad”, dijo en el mensaje enviado ayer por la tarde.

Antes, López Obrador censuró la resolución del Poder Judicial dada a conocer el lunes.

“No estoy de acuerdo (con el fallo)”, expresó. “Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando sólo a los que no tienen agarraderas, influencias, o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien”.

La Corte dio un revés al gobierno federal el lunes, al suprimir por ocho votos contra tres, la cárcel automática a detenidos por contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal en operaciones cuyos montos ascendieran a más de 8.6 millones de pesos.

“Estas decisiones no le ayudan al Poder Judicial”, dijo López Obrador. “¿Por qué no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso?

“Se trata de delincuentes de cuello blanco”, insistió. “Entonces no pueden ir a la cárcel los fifís.

“(Resolvieron) que no procede considerar delito grave y que vayan a prisión quienes cometen grandes fraudes fiscales”, agregó, “todos los que inventan, alteran facturas, que se hacen inmensamente ricos con la defraudación fiscal porque se les afecta en sus derechos humanos”.

Antonio Baranda y Claudia Guerrero
Agencia Reforma