Con severas deficiencias, como falta de medidas básicas de protección civil, separación de espacios destinados para mujeres y hombres, cobros por certificado médico, carencia de sanitarios y planchas o colchón para dormir, opera la barandilla de Progreso de Obregón, donde el miércoles murió la médica Beatriz Hernández Ruiz.

De acuerdo con un diagnóstico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), emitido en febrero pasado, en dichos separos y otros 64 de la entidad, “no se tiene algún tipo de señalización, además de no existir una adecuada separación entre infractores e imputados”.

El análisis indica irregularidades en esos centros de detención, por lo que se pueden considerar espacios no dignos, “ya sea por falta de algún lugar para dormir, como planchas o colchones, sanitarios, servicio de agua potable, luz eléctrica en el interior de las celdas, acceso a lavamanos, ventilación deficiente, falta de aseo o higiene, entre otras”.

Según el organismo autónomo, en el caso de 19 barandillas, entre estas la de Progreso, se vio que existe solo un tubo a ras de piso para realizar las necesidades fisiológicas básicas, sin contar con ningún tipo de condición aceptable de servicio sanitario.

También se evidenció que en los separos del municipio, gobernado por el alcalde Armando Mera Olguín, el certificado médico tiene costos de entre los 42 y 300 pesos, a pesar de que debe ser gratuito.

Dicha situación se replica en Acaxochitlán, Alfajayucan, Atitalaquia, Chapantongo, Metztitlán, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Tasquillo, Tecozautla, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Zacualtipán de Ángeles y Zimapán.

Progreso de ubica entre 22 municipios en los que no se cuenta con una publicación visible que contenga los derechos de las personas retenidas.

A su vez, 33 barandillas municipales no cuentan con servicio de Circuito Cerrado, aunque en la localidad donde murió la doctora Beatriz sí hacen uso de ese tipo de tecnología.

Redacción I Pachuca

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