Casos de fuerza mayor, pretexto para asignación de obras en Ixmiquilpan

Sin especificar la situación, la mayor parte del gasto en obra pública en Ixmiquilpan se justificó tergiversando las leyes, tanto federales como estatales

 

 

 

En la primera entrega de Cimientos de Corrupción se destapó la manera en que el ayuntamiento de Mineral de la Reforma, presidido por Raúl Camacho Baños, manejó cerca de 150 millones de pesos, asignando nueve de cada diez obras sin haberlas licitado de manera pública, como lo establece la ley, y otra serie de irregularidades. En esta ocasión, el municipio analizado, desde septiembre de 2016 hasta diciembre de 2017, es Ixmiquilpan, en ese entonces a cargo del actual candidato a diputado federal por el PT Pascual Charrez Pedraza, quien fue postulado por el PAN y apoyado por el PRD. En este caso, el presupuesto erogado en obras públicas también ronda los 150 millones de pesos, los cuales se asignaron de manera discrecional dado que ningún contrato se licitó: todos se adjudicaron de manera directa y por invitación a contratistas seleccionados por el ayuntamiento. Junto a esto, la transparencia de documentos que avalen y justifiquen las maneras de adjudicación por las cuales optaron y los contratos de las obras revela irregularidades. Asimismo, la manera en que fueron asignadas muchas obras transgrede los límites de los tipos de adjudicación que se establecen en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo correspondientes a los ejercicios fiscales analizados. Se corroboró que algunos contratistas no se encuentran registrados en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, del cual se encarga la Contraloría y debe hacerlo saber a los ayuntamientos para que estos puedan celebrar contratos con ellos, ya que sólo con los registrados se puede negociar.

 

 

Área de Investigación

Bajo el pretexto de ser casos de “fuerza mayor” o “caso fortuito”, el ayuntamiento de Ixmiquilpan justificó 55 obras públicas sin licitar, cuyo monto total supera los 95 millones de pesos, lo que representa 65 por ciento del gasto total de septiembre de 2016 a diciembre de 2017.

De ellas, 21 obras fueron justificadas por el ayuntamiento de Ixmiquilpan bajo excepciones mencionadas en la Ley (federal) de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

Estas, que no fueron licitadas —20 por adjudición directa y una mediante invitación a por lo menos tres personas—, costaron 61 millones 994 mil 984 pesos.

Según la solicitud de información ingresada por Criterio, el ayuntamiento de Ixmiquilpan aseguró que 11 obras se entregaron bajo la justificación del “artículo 42, fracción II”, de la LOPSRM, mientras que cinco al amparo del “artículo 42, fracción V”. Las tres restantes fueron justificadas con otros fragmentos de la norma federal.

Las 21 obras representan 40 por ciento de los casi 150 millones de pesos gastados; 20 de ellas sobrepasan el límite permitido por las leyes de egresos 2016 y 2017 para no concursar. (CUADRO 1).

De estas, cuatro fueron entregadas a Germán Cruz Huerta, por un monto total de 10 millones 711 mil 984 pesos. José Guadalupe Rocha, Grupo Gacsi, Hidalcomer y Conceptos para la Vivienda recibieron un par de contratos, respectivamente; todos superiores a un millón de pesos.

Dicho artículo de la ley federal señala que “las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa” bajo 14 excepciones. Sin embargo, se habla de los municipios que deben de apegarse a la LOPSRM de Hidalgo, la cual contempla solamente 12 excepciones en su artículo 48.

Las excepciones a las que hace referencia la alcaldía de Ixmiquilpan señalan que se podrá adjudicar una obra de manera directa cuando “peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”, y cuando, “derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla”.

Sin embargo, las obras realizadas son seis pavimentaciones, dos rehabilitaciones de canchas deportivas, la construcción de una clínica, un centro de salud, un parque recreativo, tres centros de desarrollo comunitario, la reconstrucción de dos carpetas asfálticas y el equipamiento de cómputo de un salón, el cual se pagó con dinero etiquetado para obra pública.

Lo mismo, pero estatal
Otras 34 obras, cuyo costo total es de 32 millones 145 mil pesos, fueron adjudicadas sin concuso bajo las excepciones de las fracciones III y V del artículo 48 de la LOPSRM para el estado de Hidalgo. Ambos artículos son idénticos a los señalados anteriormente por la ley federal. Todas, sin excepción, rebasaron los montos permitidos por el Congreso local y la misma norma. De nueva cuenta las obras son drenajes, perforación de pozos, techumbres, construcciones de aulas, un auditorio, pavimentación de canchas de usos múltiples, hasta el “equipamiento de un pozo profundo”.

Como las justificadas por la ley, en las 36 se repiten nombres de constructores y contratistas. Luis Mariano Cabañas Lara recibió, de 5 obras, 11 millones 119 mil pesos. Otros consentidos son Constructora General Latinoamericana, Grupo Constructor Marcasa, Proyectos y Construcciones Erbari y Grupo Gacsi. (CUADRO 2).

El restito también cuenta
Otras 94 obras, que en conjunto suman 29 millones 139 mil 67 pesos, fueron fundamentadas por el gobierno de Pascual Charrez bajo los artículos 34 y 51 de la LOPSRM de Hidalgo. El artículo 34 señala: “Para determinar el procedimiento de contratación respectivo, las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se sujetarán a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de Hidalgo, para el ejercicio fiscal correspondiente. Cada obra o servicio relacionado con la misma, deberá considerarse individualmente a fin de determinar si queda comprendida dentro de los montos mínimos y máximos que establece el presupuesto de egresos referido”. No obstante, diez obras justificadas con el artículo 34 sobrepasan el monto de 500 mil pesos autorizado por el Congreso local.

Otros ocho contratos fueron justificados mediante el artículo 43 de la LOPSRM federal, que señala que “las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo”. Dichas obras oscilan entre 180 mil y 480 mil pesos, y se encuentran por debajo del límite autorizado por las leyes de Egresos 2016 y 2017.

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