A un año once meses y 16 días de que un globo aerostático se desplomó en la localidad Yolo, de Agua Blanca de Iturbide —accidente por el cual fallecieron dos personas, dos más tuvieron quemaduras graves y por el que, hasta la fecha, todos los involucrados padecen daños sicológicos—, las indagaciones asociadas a la carpeta de investigación FED/HGO/TULB/0000064/2016 continúan y no tienen avance.

De acuerdo con Ernesto Ángeles Carrillo, quien perdió a su hija el 21 de marzo de 2016 durante el percance, las indagaciones han sido “deficientes” desde el inicio, pues existen “grandes lagunas”.

Por ejemplo, a los 15 días del evento, él y un grupo de afectados solicitaron un cateo en la zona, pero éste ocurrió siete meses después, sin resultados. “Lo lógico es que los lugareños retiraron cualquier prueba”, señaló.

El médico de profesión narró a Criterio que, durante la gestión de Jonathan Silva López al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Hidalgo, les dijeron que participarían en las mesas de mando, donde se reunían todas las áreas involucradas en la investigación para informar sobre los avances, pero, a finales de ese año, éstas no se realizaron de manera regular.

Tras la llegada de María Luisa Vera Andrade a esa instancia, en 2017, los afectados pidieron una cita para conocer su proyecto sobre la carpeta de investigación; sin embargo, en las dos ocasiones en que fueron convocados, ninguna autoridad los recibió.

En mayo solicitaron, por escrito, una reunión en la procuraduría; como respuesta, les dijeron que sostendrían un encuentro con la delegada, su equipo de trabajo y las víctimas directas e indirectas; no obstante, cuando acudieron a la cita los recibió la fiscal en jefe Lizbeth Benítez Pérez.

La funcionaria dijo no estar enterada de su caso, y les informó que la carpeta ya no estaba ahí, sino en el fuero común, pues la PGR la declinó por incompetencia, por lo que tendrían que ir a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJH).

Tras ello, de acuerdo con los afectados, la servidora siguió sus actividades y los ignoró, por lo que una de las asistentes reclamó que los atendiera; sin embargo, llamaron a judiciales federales para echarlos de las instalaciones.

El asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Arturo Luna Lozano, quien los acompañaba, gestionó ante el Ministerio Público (MP) una queja por abuso de autoridad.

En ese momento, Ángeles Carrillo recibió una llamada de la delegada, quien le pidió una disculpa por la actitud de Benítez Pérez y ofreció reagendar la cita para abordar el tema.

En la nueva reunión, que se llevó a cabo días más tarde, los involucrados expusieron las razones por las que consideran que el caso es de orden federal, pues implica el uso de una aeronave.

Señalaron que, desde el inicio, la investigación tuvo muchos errores y deficiencias; además, que ya habían tratado con tres MP, dos delegados de PGR y tres asesores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Asimismo, informaron a Vera Andrade que, entre las pesquisas hechas por familiares de los afectados, encontraron que el globo accidentado era propiedad de un ciudadano estadunidense, por lo que pidieron un seguimiento por esa vía y, si es posible, solicitar apoyo a la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).

“Había un dueño y no era el piloto, como se pensó en un inicio. Es una persona que vive en California, Estados Unidos, y eso obliga a la PGR a buscar otra línea de investigación, porque es otro delito agregado al accidente: contrabando”, expresó Carrillo.

La respuesta que obtuvieron fue que, para entonces, la PGR no tenía participación en el caso, porque se trataba de un problema estatal.

Durante el proceso hubo una reestructuración en la CEAV, por lo que les fue retirado el asesor que daba seguimiento a su caso.

El grupo ingresó tres amparos a la PGR para solicitar que su caso fuera revisado como federal; sin embargo, ninguno procedió.

Por ello, tramitaron un recurso de revisión, del cual no proporcionaron número, pero se mantiene vigente desde agosto de 2017.

“Nosotros lo hemos comentado, y lo seguiremos haciendo. No tenemos nada contra el vuelo en globos aerostáticos. Lo que queremos es que todo se haga de manera regulada y legal. Nosotros, a toda costa, queremos evitar que vuelva a pasar una tragedia como lo que sucedió; ni que alguien sufra lo que hemos sufrido nosotros”, sostuvo Ángeles Carrillo.

EN CONGRESO LOCAL, DOS EXHORTOS PARA VIGILAR

Durante 2017, la diputada local Gloria Romero León, emanada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó dos exhortos para promover la regulación en materia de vuelo de globos aerostáticos, y solicitar la intervención de instancias como la Secretaría de Turismo, Protección Civil, y gobierno del estado.

El objetivo, dijo, es lograr una normativa para las aeronaves, capacitación de los pilotos y una definición “minuciosa” de los lugares adecuados para hacer este tipo de actividades.

También ese año se formó una comisión en el Congreso local para acudir a la PGR a solicitar la carpeta del caso.

PIDEN REGULACIÓN EN LOS TRES NIVELES

Ángeles Carrillo llamó a los tres niveles de gobierno para regular a las empresas involucradas en el sector. A nivel federal, a la SCT, para verificar a las empresas; al gobierno estatal, a través del gobernador, Turismo y PC, pues de existir un proyecto turístico que involucre vuelos en globo, las empresas deben trabajar apegadas a normativas, bajo una vigilancia permanente. También pidió que los municipios autoricen cuando haya las condiciones para ofrecer un servicio seguro.

AFECTADOS

12 víctimas dejó el desplome de un globo aerostático en Yolo, comunidad de Agua Blanca de Iturbide, ocurrido el 21 de marzo de 2016.

70 por ciento de quemaduras en su cuerpo tiene Mario Arturo, uno de los afectados por el percance. Se atiende médicamente en Estados Unidos.

CREAN PÁGINA WEB

Los afectados crearon una página web para informar acerca de las medidas de prevención de accidentes en este tipo de aeronaves.

Aseguran que no ha habido ningún apoyo económico a las víctimas, solo la CEAV intervino para los gastos médicos en el Hospital de Rehabilitación de la Ciudad de México.

Sara Elizondo I Pachuca