La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Hidalgo prepara la capacitación en materia de blindaje electoral para las personas que integrarán los 84 concejos municipales que habrán de asumir las administraciones el próximo 5 de septiembre.
Este trabajo está orientado hacia la prevención de las infracciones administrativas en materia electoral, así como la prevención y denuncia de los delitos electorales, blindaje electoral y la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
La Fiscalía señaló que esto lo se desarrollarán en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo y el Congreso del estado, con la finalidad de que sean integrales a fin de evitar faltas durante el proceso electoral.
Con ello, buscan prevenir que los concejales incurran en la comisión de faltas administrativas en materia electoral o en delitos electorales, así como conductas que infringen los principios rectores de toda elección, atentando con la equidad que debe prevalecer entre hombres y mujeres que contiendan por la renovación de ayuntamientos.
En total, serán 594 personas quiénes integrarán los concejos municipales para ejercer el gobierno y la administración municipal quienes recibirán las capacitaciones que les permitirán mantenerse imparciales durante el proceso electoral.
Previo a esta actividad, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, lleva a cabo desde hace varios meses una serie de acciones con el objetivo de dar a conocer entre servidoras y servidores públicos, representantes de partidos políticos, así como a la población, los delitos electorales y el contenido de las reformas en materia de violencia política de género que entraron en vigor el pasado 13 de abril del año en curso.
Dentro de los instrumentos legales que sufrieron modificaciones, destaca la Ley General de Delitos Electorales la cual incorporó al texto legal un lenguaje incluyente y se tipificó como delito electoral la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Las reformas serán una herramienta integral para prevenir, atender, sancionar y reparar el daño que han sufrido las personas a quienes les fueron violados sus derechos políticos.
Redacción
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