Luego de que el presidente de la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura estatal, el diputado Ernesto Vázquez Baca, responsabilizó a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) de no expedir el documento que suspenda los derechos político electorales a tres regidores de Tula involucrados en el robo a un Oxxo, la dependencia –a través de su área de comunicación social– se declaró “sin comentarios”.
El 7 de junio la Asamblea de Tula ingresó al Congreso una solicitud de revocación del cargo a Josué Isaac González Hernández y Gustavo Guerrero Sebastián, representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Juan Lugo Hernández, de Acción Nacional (PAN), luego de que el 18 de mayo fueron detenidos por presuntamente atracar un Oxxo en San Agustín Tlaxiaca, con un botín de mil 500 pesos, una botella de whisky y refrescos.
Los asambleístas fueron ingresados al Centro de Re-adaptación Social (Cereso) de Actopan para enfrentar un proceso penal; sin embargo, el 21 de junio un juez dictó que lo enfrenten en libertad.
Tras ello, se han presentado a tres sesiones de Cabildo, una de las cuales fue suspendida. Según el alcalde Ismael Gadoth Tapia Benítez, los regidores siguen recibiendo su dieta.
En entrevista para Criterio, Vázquez Baca reiteró que el Congreso local y el ayuntamiento ya solicitaron a la PGJH la emisión del oficio correspondiente; sin embargo, esto no ha ocurrido y el dictamen no puede resolverse en el Legislativo.
Emmanuel Rincón I Pachuca
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