L a coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, aseveró que cada Legislatura es independiente en su operación y administración, por lo que es su obligación establecer su comité de adjudicaciones.

Esto, luego de que el titular del cuerpo colegiado, Ricardo Baptista González, argumentara que el otorgamiento directo del contrato CAASPL–DGSA-17/2018, por un millón 159 mil 986 pesos, a la firma AB Consultoría y Soluciones Estratégicas SA de CV para asesorías hacendarias se debió a que habían recibido la Junta de Gobierno sin dicho comité, por lo que alegaron caso fortuito o de fuerza mayor.

“¿De cuándo a acá los procesos de capacitación pueden ser considerados de extrema urgencia, como para obviar una licitación que implica más de un millón de pesos de un Congreso que pretende ser austero?”, cuestionó la priista, quien presidió ese ente en el periodo anterior.

Agregó que la bancada priista buscó el anexo técnico en la página de transparencia del Poder Legislativo para saber sobre qué versó la asesoría para elaborar el paquete hacendario 2019, pero no lo encontraron.

“Cualquiera que sea el producto, me parece que fue un despilfarro”, dijo.

Adelantó que solicitarán el informe pormenorizado por las actividades del contrato a la Junta de Gobierno.

Negó que la bancada tricolor se autoexcluyeran de la capacitación, pues aseguró que no se enteraron de que se llevaría a cabo.

RECHAZAN GASTOS SIMILARES

La expresidenta de la Junta de Gobierno de la LXIII Legislatura aseveró que, durante el periodo anterior, no se adjudicó algún contrato por capacitación de este importe

Agregó que los ponentes que alguna vez acudieron a disertar al Congreso local lo hicieron “por invitación”

Emmanuel Rincón I Pachuca

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