Los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo propusieron crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial para garantizar el acceso a una indemnización de las personas que sufran daños en sus bienes o derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes públicos.

El documento incluye a los poderes del Estado, dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos, empresas de participación estatal, organismos autónomos, ayuntamientos, organismos descentralizados municipales y las empresas de participación mayoritaria de los ayuntamientos.

Se establece que los daños y perjuicios por los que se reclame la indemnización, incluidos los personales o morales, habrán de ser reales, evaluables en dinero, directamente remunerable en moneda nacional, relacionada con una o varias personas y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población.

Las compensaciones corresponderán a la reparación del daño y el monto por material se calculará de conformidad con los criterios de diversas leyes, debiéndose tomar en consideración los valores catastrales, comerciales o de mercado, prevaleciendo el que otorgue un mejor beneficio.

Además, para realizar el procedimiento de responsabilidad patrimonial y reclamatorio, la parte interesada deberá presentar su reclamación por escrito ante el ente público presuntamente responsable, según la propuesta.

Giovanny Flores I Pachuca