Las integrantes de un grupo de voluntarias que buscan los cadáveres de familiares asesinados están empezando a ser blanco de los homicidas, un giro que pone a prueba las promesas del gobierno de ayudarlas.

Las mujeres, que han resultado ser mucho más efectivas que las autoridades en la detección de fosas clandestinas, dicen que reciben amenazas y son vigiladas, probablemente por la misma gente que mató a sus hijos, hermanos y maridos.

Pero ahora, los amagos dieron paso a las balas. Dos buscadores fueron asesinados en los últimos dos meses, informó AP.

Aranza Ramos llevaba un año buscando a su marido, Bryan Celaya Alvarado, desde el 6 de diciembre de 2020, siendo hoy uno de los 87 mil 855 desaparecidos que hay en México.

Se cree que la mayoría de los desaparecidos fueron asesinados por los cárteles de las drogas y sus cuerpos fueron enterrados o quemados, creando campos de la muerte. Fue allí, en un terreno conocido como Ejido Ortiz, en Sonora, que Ramos fue asesinada el 15 de julio, mientras buscaba a su marido.

“En el ejido Ortiz se han encontrado varios crematorios clandestinos, algunos todavía con brasas y humo al momento del hallazgo”, dijo el grupo de buscadoras de Ramos en un comunicado. “Ese ejido es un lugar de exterminio activo”.

Tan activo que los buscadores dicen que se ponen nerviosos cuando llegan a un sitio donde aún hay restos de un fuego. Quiere decir que los asesinos todavía estarían usando el lugar.

Luego de buscar durante un día los voluntarios clavan varas metálicas en la tierra para ver si surge el olor delator de la muerte; Ramos regresó a su casa en la ciudad de Guaymas. Poco antes de la medianoche fue secuestrada. Los asesinos se la llevaron en un auto y arrojaron su cadáver lleno de balas a un costado de una carretera.

“Aranza hizo una publicación la semana previa, diciendo que quería (encontrar) a su esposo, no a los culpables” de su muerte, explicó Cecilia Duarte, otra buscadora.

Staff I Agencia Reforma