Una jueza de Miami anunció ayer que certificará que la solicitud para extraditar al exgobernador César Duarte cumple los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos.

La jueza Lauren Louis concluyó que la petición para enviar a Duarte a Chihuahua establece una causa probable de los hechos que se le imputan al exgobernador, y que las leyes penales de esa entidad sancionan conductas también previstas en la legislación estadunidense.

Lo anterior, lo decidió luego de una audiencia por videoconferencia de más de hora y media. La jueza emitirá en breve su orden por escrito.

La decisión de entregar a Duarte a México no corresponde al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo por medio del Departamento de Estado, cuyo nuevo titular, Antony Blinken, fue confirmado ayer por el Senado de ese país

El exmandatario puede apelar la certificación de la jueza ante la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Primer Circuito con sede en Atlanta, que tomaría varios meses para resolver y difícilmente revocará el fallo de primera instancia.

Duarte, preso desde el 8 de julio en el Centro de Detención Federal en Miami, es requerido por Chihuahua para responder por asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos, por 11 desvíos del erario a dos de sus empresas y personas allegadas entre 2011 y 2014.

Durante la audiencia, el Fiscal federal Jason Wu enfatizó la “corrupción impresionante” durante el sexenio de Duarte, y afirmó que la responsabilidad por los desvíos la debe enfrentar la persona que tenía el mando superior del gobierno.

Sobre los alegatos de Duarte, de que es víctima de persecución política por su sucesor, el panista Javier Corral, y de que este ha presionado a testigos, el fiscal consideró que ese tema es propio de la defensa que tendrá que hacer en Chihuahua, pero no de un proceso de extradición, en el que no se está juzgando al acusado.

La intervención del Fiscal se centró en convencer a la jueza de que existe causa probable sobre la responsabilidad de Duarte, ya que tenía capacidad de mando para disponer de los recursos.

Wu detalló algunas de las transacciones y los testimonios de excolaboradores de Duarte, quienes señalaron que el entonces Gobernador fue quien las autorizó, por lo que consideró que no sólo hay evidencia circunstancial sobre la conducta del acusado, sino evidencia directa que lo involucra.

Recordó, por ejemplo, la transferencia de 5.5 millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda de Chihuahua a la Unión Ganadera Regional División del Norte, de la que Duarte era accionista mayoritario, en noviembre de 2014.

La audiencia inició casi media hora tarde por problemas para conectar la videoconferencia por Zoom con el centro de detención.

Víctor Fuentes
Agencia Reforma