Durante la ponencia Criterios del derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas para la administración directa de los recursos públicos, Orlando Aragón Andrade, profesor investigador, planteó que uno de los retos a los que se enfrentan los pueblos originarios es que el dinero que reciben es fiscalizado de la misma manera que los ayuntamientos.

El investigador de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) campus Morelia destacó que un pueblo originario no es una alcaldía, por lo que consideró que las auditorías comunitarias deberían tener algún tipo de valor para los organismos fiscalizadores oficiales.

En la ponencia organizada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Aragón Andrade explicó que las reglas de operación y leyes administrativas están pensadas en aplicarse a gobiernos, a pesar de que, reiteró, son diferentes a las localidades autóctonas.

“El dinero que reciben las comunidades es fiscalizado. Entonces, en la práctica, a las comunidades se les exigen los mismos requisitos que se exigen a los ayuntamientos”, indicó.

Además, señaló que, aunque la distribución equitativa de recursos es un mandato constitucional, es necesario implementar reformas para que la participación política sea más dinámica e incluyente, pues consideró que esto permitirá una mejor distribución del presupuesto.

Por su parte, Ariadna González Morales, titular de la Oficina para la Atención de los Derechos Político-Electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas del IEEH, coincidió en que la población debe inmiscuirse más en ejercicios de participación ciudadana y asuntos de la sociedad.

AUTOGOBIERNO

Aragón Andrade planteó que la autodeterminación de los pueblos indígenas es uno de los derechos que más se ha exigido durante los últimos cinco años

El investigador agregó que las comunidades autóctonas ven en el autogobierno como una alternativa para revertir la marginación que históricamente han enfrentado

Yuvenil Torres I Pachuca