Los órganos autónomos iniciaron una ofensiva ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 19 de mayo, que los obliga a pagar salarios que no excedan el del presidente de la República.

El Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentaron controversias constitucionales en las que piden invalidar 15 artículos de la nueva ley, mismas que ya fueron turnadas a un ministro instructor.

Además, la Corte ya tiene registradas demandas del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero aún no publica detalles de los artículos reclamados.

El Congreso aprobó esta ley luego de que, en mayo de 2019, la Corte invalidó la versión previa de noviembre de 2018, porque no contenía parámetros para fijar el salario del presidente. En la nueva ley, ya se prevén criterios para ir actualizando el salario del Ejecutivo, pero la base para calcularlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022, serán los 1.7 millones de pesos netos anuales que ganará el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.

“Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, sin perjuicio de la naturaleza y atribuciones que correspondan a los entes pú-blicos respectivos, a falta de

superior jerárquico, se considerará como máximo el equivalente al presidente de la República”, dice el artículo 7, uno de los impugnados.

También se cuestiona el quinto transitorio, por el cual el Congreso exentó del tope a todos los juzgadores federales y estatales, magistrados electorales, consejeros de la Judicatura y consejeros del INE que estaban en funciones al pasado 20 de mayo. “Esta ley desconoce la autonomía en sus funciones y administración del Banco de México, reconocida en el artículo 28 de la Constitución”, alega el banco central, que no recibe recursos del PEF.

La nueva ley sí permite pagar hasta 50 por ciento más de lo que gana el presidente, pues así lo prevé el artículo 127 de la Constitución, pero solo para puestos altamente especializados o técnicos calificados.

Víctor Fuentes I Agencia Reforma