El establecimiento de comida TrogueBirria, donde Carlos Castro fue atacado
Este jueves, el periodista Carlos Castro, especializado en la cobertura de nota roja en medios del norte de Veracruz, fue asesinado a balazos en el municipio de Poza Rica. La víctima se encontraba dentro del establecimiento de comida TrogueBirria, propiedad de sus padres, ubicado en la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones, cuando fue atacado.
Carlos Castro había trabajado en medios como Vanguardia, Noreste y La Opinión de Poza Rica, y en el momento de su asesinato, se desempeñaba como periodista en el portal Enfoque. El crimen generó una intensa movilización policial en Poza Rica, una localidad conocida por ser uno de los centros petroleros más importantes del estado.
El Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica denunció un alarmante aumento de agresiones contra periodistas, destacando que, en el poco más de un año de gobierno de Claudia Sheinbaum, doce periodistas han sido asesinados. La organización también mencionó el repunte de agresiones físicas por parte de autoridades, especialmente de la policía, y advirtió sobre el hostigamiento judicial, que ha aumentado a medida que el hostigamiento digital se ha convertido en una amenaza frecuente para los informadores.

México continúa figurando como uno de los países más peligrosos para los periodistas, según Reporteros Sin Frontera (RSF). En lo que va del siglo, más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido, lo que ha colocado al país como uno de los más mortíferos para los comunicadores.
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En febrero de 2025, Cristina Zahar Eggers, coordinadora del programa de América Latina del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), advirtió que la violencia contra los periodistas está relacionada con los grupos criminales, como los narcotraficantes, y con un ciclo de impunidad que perpetúa la violencia. Este fenómeno se agrava con la escasa respuesta de las autoridades y la falta de mecanismos efectivos para garantizar la protección de los informadores.
El caso de Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, añade otra capa de preocupación sobre la situación de los periodistas en Veracruz. En diciembre de 2025, fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y posteriormente imputado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz por presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento y ataque a las instituciones de seguridad pública.
Este caso se suma a otros juicios recientes contra periodistas, como el de Rodolfo Ruiz en Puebla, lo que refuerza las preocupaciones de la sociedad civil y organismos internacionales sobre el uso del derecho penal para intimidar a los periodistas y silenciar a los medios críticos.
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