Mientras el Ejército solicita 670 millones de pesos para comprar armas a fin de implementar una nueva estrategia contra organizaciones delictivas, la Secretaría de Marina revela que algunos de sus elementos vendieron equipo a criminales, pero no fueron a prisión, solo los dieron de baja.

En medio de la política de “abrazos, no balazos”, el Ejército busca reforzar el armamento de sus soldados para resguardar instalaciones estratégicas y para una nueva estrategia para enfrentar a la delincuencia organizada.

“Los riesgos y amenazas del exterior y del orden interno, las actividades ilícitas de organizaciones delictivas que trastocan a las instituciones, el robo de bienes de la Nación y la afectación de instalaciones estratégicas impactan negativamente la paz, el bienestar social y, por consecuencia, el desarrollo del país”, explicó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en una petición de recursos para este año.

“La magnitud de dichos fenómenos implica ajustar el despliegue de las Fuerzas Armadas para atenderlos, así como reorientar sus misiones en actividades específicas de acuerdo con la problemática que se presente”.
El Ejército solicitó a la Secretaría de Hacienda 670 millones de pesos para la adquisición de fusiles.

“Es de vital importancia que las Fuerzas Armadas cuenten con el armamento suficiente y adecuado para el desarrollo de sus actividades diarias, ya que son un factor primordial para garantizar la seguridad, el orden interno y el bienestar social”, añadió.

“El Ejército y Fuerza Aérea cuentan con los cuerpos especiales, que son organismos que tiene asignadas misiones para cuyo cumplimiento sus elementos deben poseer conocimientos y preparación específicas para el manejo de los medios materiales de que están dotados y para aplicación técnica o táctica que corresponda”.

La Sedena sumó a sus fuerzas especiales a la Policía Militar, unidad que dota de personal a la Guardia Nacional.

Benito Jiménez I Agencia Reforma