La Suprema Corte de Justicia invalidó ayer reformas aprobadas en Tabasco en 2019 para penalizar las protestas sociales contra obras estratégicas, conocidas como “Ley Garrote”.

En diversas votaciones, el Pleno de la Corte anuló cuatro artículos del Código Penal de Tabasco, que por iniciativa del gobernador morenista Adán Augusto López fueron reformados para sancionar la oposición o impedimento a la ejecución de obras, públicas o privadas, incluso tratándose de protestas pacíficas.

Con argumentos diferenciados entre ellos, los ministros determinaron que los artículos cuestionados son vagos, no están debidamente definidos, son sobreinclusivos, sancionan una sola conducta con varios tipos penales, atentan contra el derecho constitucional de reunirse pacíficamente para protestar, entre otros.

“No se distingue entre acciones violentas y las realizadas en ejercicio al derecho a la protesta pacífica”, dijo el presidente Arturo Zaldívar, quien consideró que este caso permitirá a la Corte fijar criterios sobre ese derecho, implícito en libertades constitucionales como las de reunión y expresión.

“La indefinición y sobreinclusión de los vocablos impedir, tratar de impedir, cualquier medio y obstruir, permite que los operadores jurídicos sean los que definan si se actualizan los tipos penales, lo que puede generar su aplicación indiscriminada contra distintos tipos de expresión pacífica”, agregó el ministro Fernando Franco, autor
del proyecto.

Según sus críticos, el gobierno de Tabasco pretendió desalentar las protestas contra grandes obras de infraestructura, en particular la refinería de Dos Bocas.

Los artículos anulados sancionan las protestas con seis a 13 años de cárcel, así como uno a 10 años de cárcel por obstaculizar la vía pública o secuestrar vehículos temporalmente.

Lamentan decisión

El gobierno de Tabasco declaró su desacuerdo contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de invalidar las reformas. “Aunque somos respetuosos de la decisión vertida por el máximo tribunal, no la compartimos, dado que no existió una exposición clara y precisa de los criterios, argumentos y consideraciones de los ministros para emitir sus votos”, indicó el gobierno del morenista Adán Augusto López, a través de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Staff I Agencia Reforma