El director del Seguro Popular en Hidalgo, Abraham Rublúo Parra, aseguró que las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a la institución que preside, y por las cuales las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa presentaron dos denuncias, corresponden a la administración de su antecesor.

Integrantes de las organizaciones presentaron 22 denuncias penales –el 31 de octubre– ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, de la Procuraduría General de la República (PGR), contra funcionarios o exfuncionarios de 11 estados del país –incluyendo Hidalgo– por actos de corrupción cometidos de 2012 a 2016, informaron en un comunicado.

Por cada estado interpusieron dos denuncias de desvío de recursos: la primera fue malversación en el fondo destinado al Seguro Popular y segunda, irregularidades financieras en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud (FASSA).

La base de estos procesos legales es los informes de la ASF, los cuales, según las organizaciones, reportan “numerosos desfalcos de recursos públicos federales por parte de los gobiernos estatales”.

Al terminar la firma del convenio de colaboración para la afiliación colectiva al sistema de protección social en salud con el DIF estatal, Rublúo dijo que tomó el cargo de la institución en 2016.

Reconoció que hay observaciones en los ejercicios fiscales  de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017; sin emabrgo, indicó que “están por resolverse”.

Los montos son de 213 millones 102 mil 955.67 pesos, 241 millones 94 mil 783.58, 335 millones 205 mil 372.97, 25 millones 104 mil 44.51 y 57 millones 390 mil 963.15, respectivamente.

El funcionario reconoció la labor de las OCS, pero aseguró que “no hay ningún desvío”. Sin embargo, posteriormente indicó que hay medios y organizaciones “alarmistas (…) que hacen este tipo de cosas”.

Giovanny Flores l Pachuca