El gobierno pretende revocar el título de autorización que permite al consorcio Ienova-TC Energy aprovechar una franja de 689 kilómetros de zona marítima federal para la operación del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, uno de los más importantes del país.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) notificó a las empresas que “no es factible continuar otorgándole dicha autorización, hasta en tanto acredite el debido cumplimiento de condiciones del título” originalmente expedido en 2017, vigente hasta mayo de 2022.
Una de las condiciones que supuestamente ha incumplido IMG es entregar en garantía un monto equivalente a un año de la contraprestación que debe pagar al gobierno, garantía que debe actualizarse anualmente.
Según la SCT, la contraprestación equivale a 7.5 por ciento sobre el valor del bien autorizado, es decir, las áreas de agua ocupadas.
El pasado 18 de marzo, la empresa Infraestructura Marina del Golfo (IMG), operadora del ducto, acusó a la SCT de pretender revocar “de forma sumarísima” el título de autorización.
El título permite a IMG utilizar 8.2 millones de metros cuadrados de zona marítima para el ducto de 42 pulgadas, que en septiembre de 2019 empezó a importar gas natural desde Texas hacia puntos de recepción en Altamira, Tamaulipas, y Tuxpan, Veracruz.
Asociadas en IMG, la mexicana Ienova y la canadiense TC Energy invirtieron más de 2 mil 600 millones de dólares para construir el gasoducto, y en 2019 aceptaron modificar el esquema tarifario del contrato original con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por exigencia de su actual director, Manuel Bartlett.
Según datos de la Sener, a febrero de este año México importó 5 mil 686 millones de pies cúbicos diarios de gas de Estados Unidos, de los cuales solo por este gasoducto pasan hasta mil 500 millones de pies cúbicos, un 26 por ciento del total.
El oficio emitido por la Dirección General de Puertos de la SCT — afirmó IMG en su amparo — “repercute en una falta de observancia de los principio de legalidad, por ausencia de motivación, seguridad jurídica y certeza jurídica” en violación a la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El gasoducto fue adjudicado al consorcio en 2016 tras la licitación realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con vigencia de 25 años. En 2019, a exigencia de la CFE, el consorcio renegoció los términos del contrato para nivelar las tarifas de transporte en el tiempo de vida del contrato, y extenderlo por otros 10 años.
Como parte de la negociación, se acordó que la CFE pagaría un renta fija en lugar de rentas crecientes, con lo que se dijo que se tendrían ahorros en las tarifas de transporte de gas de entre 33 y 38 por ciento con nuevos contratos.
Staff l Agencia Reforma
