La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una controversia constitucional a través de la cual reconoció la facultad del ayuntamiento de Pachuca de expedir licencias o autorizaciones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

Dicha resolución corresponde al recurso con número de expediente 223/2019, presentado por la administración municipal pasada en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad, con la intención de invalidar el artículo 33 de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, así como un acto de aplicación promovido por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) en 2019.

La SCJN determinó que dicho numeral es legítimo, pues prevé que, a partir de la fecha de inscripción de un programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el Registro Público de la Propiedad, el municipio podrá expedir licencias o autorizaciones en esa materia.

Lo anterior, luego que el pleno considerara que “esta proporción normativa no invade las atribuciones del municipio, previstas en la Constitución general, pues es congruente con la legislación general”.

Asimismo, la corte invalidó el oficio SOPOT/0128/2019, mediante el cual la Sopot determinó que el municipio no contaba con atribuciones para otorgar, expedir o autorizar licencias de urbanización, régimen de propiedad en condominio, fraccionamiento, subdivisión, fusión y uso de suelo, por lo que debía abstenerse de hacerlo.

Al respecto, el pleno determinó que la orden carece de fundamentación y motivación, puesto que “fue incorrecto exigir al municipio cumplir con el trámite previsto por el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional al artículo 115, fracción quinta”, relativo a los servicios públicos que tendrán a su cargo los ayuntamientos de la entidad.

SEÑALAMIENTOS

La controversia fue promovida por la administración municipal pasada, encabezada por Yolanda Tellería Beltrán, en julio de 2019, cuando señaló que la Sopot pretendía atribuirse la expedición de las licencias

La dependencia sostenía que el ayuntamiento no contaba con la facultad de expedir dichos documentos

Adriana Hernández I Pachuca