La pandemia por Covid-19 aumentó la tasa de desempleo, deterioró las condiciones laborales y redujo los ingresos de las y los trabajadores, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En el documento “De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la Covid-19: la política social frente a desastres”, el organismo indica que, entre el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021, la pobreza laboral aumentó en casi cuatro puntos porcentuales.
El documento señala que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) el porcentaje de trabajadores cuyos ingresos no les alcanza para adquirir una canasta básica pasó de 35.6 a 39.4 en dicho periodo.
“Se observan retrocesos en los indicadores del ingreso laboral y de la pobreza laboral que, si bien ocurren en el corto plazo, también tienen implicaciones en el mediano y largo plazo”, sostiene.
De acuerdo con el reporte, el segundo análisis del Coneval sobre los efectos de la pandemia, entre los factores que explican estas cifras se encuentran el aumento en el valor de la canasta alimentaria entre el primer trimestre de 2020 y el mismo periodo de este año, así como la disminución anual de 4.8 por ciento en el ingreso laboral, qué pasó de mil 919.84 pesos a mil 827.39 pesos.
En materia de desocupación, el Coneval informó que en el mismo periodo, la tasa aumentó un punto porcentual, al pasar de 3.4 a 4.4.
Además, la tasa de condiciones críticas de ocupación registró un incremento de 3.4 por ciento, de 22.4 a 25.8 puntos porcentuales.
Este último indicador hace referencia a la población que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, además de aquellas que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas a la semana ganando hasta dos salarios mínimos.
“Lo que da cuenta de un deterioro del tiempo de trabajo e ingreso de los trabajadores”, advierte el Coneval.
El organismo detectó que otro efecto de la pandemia es la reducción de las oportunidades que tienen las personas para continuar su aprendizaje.
Señala que la adopción de la educación a distancia ha hecho esencial el acceso a tecnologías de la información, lo que representa un reto debido a la brecha digital.
“Esta se asocia no sólo con la falta de acceso a internet sino también con insuficientes habilidades técnicas de los alumnos, padres o tutores y los docentes. En este contexto, la energía eléctrica y la disponibilidad de radio, televisión o un dispositivo que permita la conectividad para tomar clases a distancia es indispensable”, precisa.
En este sentido detalla que en 2020, 92.3 por ciento de la población entre tres y 15 años de edad contaba con televisión, 34.6 por ciento con una computadora, laptop o tablet, 51 por ciento con internet en la vivienda y 90.3 por ciento de ellos tenían un celular en su vivienda.
Además, recordó que 52.5 por ciento de la población en municipios indígenas contaban con radio en su vivienda, en contraste con 71.5 por ciento de la población no indígenas, lo que evidencia una brecha de 19 puntos porcentuales.
El organismo subraya que el patrón geográfico de contagio de la pandemia se ha mantenido en las zonas metropolitanas y hay entidades que después de un año continúan con los registros más altos de contagios y de casos activos, entre las que se encuentran Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato.
Explica que si bien a marzo de 2021 se identificaron mil 244 programas y acciones implementadas por las entidades federativas para atender las afectaciones y riesgos derivados de la pandemia, dado que las intervenciones no fueron creadas exclusivamente para atender la emergencia sanitaria, no es posible atribuir que el total de presupuesto ejercido fue destinado a acciones para prevenir o mitigar los efectos del Covid-19.
El Consejo propone que, a partir de lo aprendido durante el desarrollo de la pandemia, se defina una estrategia de atención a desastres de acuerdo con la perspectiva de la coordinación interinstitucional, lo que supone considerar elementos como información de calidad y suficiente, definir responsabilidades entre actores y ámbitos de gobierno, así como contar con instrumentos de coordinación intersectorial.
Asimismo, subraya que la etapa de recuperación podría orientarse a la construcción de medidas que permitan disminuir niveles de riesgo y reorientar la política de desarrollo social a recuperar aquellos espacios afectados en el bienestar de la población.
Para el organismo, es pertinente continuar también con los esfuerzos para garantizar el acceso al ejercicio efectivo de los derechos sociales, considerando elementos como la fragmentación del sistema de salud, la atención de brechas de financiamiento entre subsistemas y el reto de incentivar la atención primaria y preventiva.
Martha Alicia Martínez Paredes
Agencia Reforma
