La defensa de Juan Collado afirmó que el proceso iniciado al abogado por el delito de peculado de más de 13 millones de pesos es parte de una estrategia de persecución política con la que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, construye su candidatura para la presidencia de la República.

En un posicionamiento, el despacho de Collado afirmó que el litigante es perseguido por defender a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, a quien Corral no ha podido demostrar en tres años el desvío de recursos de César Duarte al tricolor, por 250 millones de pesos.

También, acusó a la administración de Corral de torturas, porque aplicaron diversas presiones sobre Gutiérrez para que declarara contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, sin conseguirlo.

“Es una persecución política por (parte) del gobernador Javier Corral, con la finalidad de proyectarse una vez más a nivel nacional, ya que siempre ha querido que lo tomen en cuenta para, en un futuro, poder ser candidato por el PAN a la presidencia de la República”, señaló.

“Por esta causa (el desvío de 250 millones al PRI) realizó un juicio mediático a nivel nacional teniendo como consecuencia, la comisión de delitos por parte de él, del Fiscal del Estado y del director del Penal en Morelos, Chihuahua, en contra de Alejandro Gutiérrez, como fueron denunciados ante la PGR los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad, toda vez que los mismos se realizaron para que el señor Gutiérrez declarara en contra de Luis Videgara y exsecretario de Hacienda, y el expresidente Enrique Peña Nieto”.

Aseveró que César Jáuregui, anterior secretario de gobierno de Corral, ordenaba a jueces y magistrados locales negar cualquier tipo de petición a Gutiérrez, así como llevar audiencias sin su presencia ni de la defensa.

“Sin que esto fuera suficiente, presionó, instigó a jueces de distrito y colegiados del circuito de Chihuahua, ya que, en su calidad de exconsejero del Consejo de la Judicatura, litigaba en forma ofensiva e ilegal en contra de los intereses de la defensa del imputado Alejandro Gutiérrez”, sostuvo.

La defensa reveló que el caso que ahora tiene procesado a Collado en Chihuahua inició con una llamada telefónica que recibió Corral -entre otros gobernadores del PAN y Morena-, por parte de unos abogados vinculados al gobierno federal, quienes le solicitaron rastrear contratos con el litigante.

La carpeta de investigación se inició en julio de 2019, justo cuando Collado fue detenido en Ciudad de México por lavado de dinero y delincuencia organizada.

“(La llamada telefónica) fue suficiente para iniciar de forma inquisitoria en Chihuahua la carpeta de investigación”, agregó.

Abel Barajas
Agencia Reforma