El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Santiago Nieto Castillo, solicitó al Congreso estatal la suspensión del mandato de los alcaldes vinculados a proceso el 28 de noviembre pasado: Fidel Arce Santander, de Epazoyucan; Felipe Juárez Ramírez, de Huautla, y Elías Sanjuán Sánchez, de Yahualica.
Lo anterior fue informado por la presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura durante diciembre, Erika Rodríguez Hernández, en las comunicaciones oficiales de la sesión ordinaria y posteriormente confirmado por el funcionario del gobierno de Hidalgo.
El delito doloso por el cual fueron vinculados a proceso los tres ediles es el de peculado agravado, en el que se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva y en el cual se dieron cinco meses para la realización de la investigación complementaria; derivado de lo anterior, Nieto Castillo precisó que su petición consiste en llamar a los suplentes para que en un plazo máximo de cinco días se presenten a desempeñar sus funciones.
Por su parte, en el Congreso de Hidalgo se estableció un plazo no mayor a 10 días para que la Comisión de Gobernación, encabezada por el diputado José Noé Hernández Bravo, realice un dictamen para dar cumplimiento a la solicitud, con base en la Ley Orgánica Municipal.
De acuerdo con datos de autoridades locales, en el caso de Epazoyucan, se presume un desvío de 14 millones 215 mil 780 pesos que debían ser utilizados para la rehabilitación de caminos; en Huautla, se investiga el uso indebido de 26 millones 615 mil pesos, y en Yahualica, un monto de hasta 29 millones 224 mil 727.39 pesos.
El oficio no refiere solicitud de suspensión de mandato en cuanto a ningún otro de los 10 alcaldes restantes que supuestamente participaron en la Estafa Siniestra, al considerar que información previa emitida por la PGJH señala que por lo menos 13 municipios estaban involucrados en dicho esquema ilícito que suma desvíos hasta por 522 millones de pesos.
Derivado de las indagatorias, actualmente hay una orden de aprehensión en contra de Luis Enrique Cadena García, presidente de Nopala, debido a que fue declarado sustraído de la acción legal por no presentarse a sus audiencias.
A su vez, Luis Francisco González Garay, alcalde de Pisaflores, también había sido declarado prófugo de la justicia la semana pasada y posteriormente compareció ante un juez luego de tramitar un amparo, pero su proceso sigue en marcha.
Irving Cruz | Pachuca
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El Congreso local aprobó por unanimidad una modificación a la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo, que tiene como objetivo que cada ayuntamiento tenga como atribución y obligación el definir y crear un programa municipal para la atención a dicho sector.
