Para evitar que durante emergencias sanitarias como el Covid-19 servidores públicos saquen ventaja del poder, empleo o cargo que ostenten para recibir atención médica, vacunas o cualquier beneficio antes que la población en general, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) propuso que se impongan sanciones de uno a cuatro años de cárcel y la destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años a quienes incurran en esas prácticas.

Durante la diputación permanente del Congreso local, la legisladora Teodora Islas Espinoza expuso que debe modificarse el Código Penal para el Estado de Hidalgo para evitar que funcionarios públicos incurran en abuso de autoridad y aprovechamiento indebido de los cargos.

Lo anterior, toda vez que en el país se han detectado casos en los que trabajadores de primer nivel del gobierno federal, estatal, municipal o instituciones de Salud “han utilizado su posición de poder para ser inmunizados vs el Covid, al igual que sus familiares”.

Hidalgo no fue la excepción, pues “fue separado temporalmente del cargo el director del Hospital General de Pachuca” por autorizar la vacunación de la líder sindical de Salud.

En ese sentido, advirtió que es necesario reformar el código penal para castigar a los funcionarios o servidores públicos que, en beneficio propio o de terceros, busquen acceder a insumos médicos durante alguna emergencia sanitaria.

Además, dijo que actos como esos ameritan castigos severos y no solo expresar que son actos inmorales, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Porque se atenta contra la salud de millones de hidalguenses que no cuentan con privilegios para acceder a la vacuna”.

La iniciativa fue turnada a la primera Comisión permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia.

Adela Garmez

Pachuca

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