La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Pachuca llevó a cabo un operativo rastrillo en la colonia San Cayetano, por lo que elementos de la corporación retiraron automóviles chatarra de la vía pública.
Ayer, la dependencia trasladó al corralón una camioneta Chevrolet tipo panel gris, con placas de circulación HJE -90-49; una unidad Chevrolet GMC dorada, matrícula HP-11013 HG-123A- 2, y un automotor Chevrolet S10 verde sin placas.
Mediante una tarjeta informativa la SSP informó que el inventario de los vehículos fue entregado a los propietarios.
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Redacción
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Dalia Cortés Rivera, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), aseveró que la muerte de un hombre de 30 años bajo la custodia de elementos policiacos de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, “da cuenta de un Estado que no responde a la protección de los derechos de la ciudadanía”.
Agregó que el actuar de los uniformados demu estra que las personas que deban salir a la calle durante la contingencia sanitaria y omitan alguna medida sanitaria se exponen a ser objeto de violencia institucional más allá de lo racial.
“A raíz del asesinato de Giovanni, se debe levantar la voz porque fue una intolerancia por parte de los cuerpos policiacos, de las instituciones, de los gobernantes y se da cuenta del estado de violencia, donde parece que los derechos de las personas no valen. Esto nos habla de una sociedad en tremenda crisis que se magnifica con la pandemia”, expresó.
Asimismo, aseveró que ese hecho no puede justificarse, pues esto implicaría abogar en defensa de las agresiones que sufren infantes, adolescentes y mujeres durante la cuarentena, que han ido en aumento.
En ese sentido, Cortés Rivera agregó que con esta situación “se observa que la gente no solo está harta del encierro, eso es lo de menos, sino del ejercicio de la violencia tan letal por parte del Estado”.
Agregó que hay personas que deben salir a vender sus productos para llevar el sustento a sus hogares y no pueden adquirir guantes, cubrebocas ni gel antibacterial debido a su alto precio, situación que las autoridades deben comprender.
Reiteró que no utilizar dichos aditamentos no es motivo para el uso de la fuerza pública.
