El representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Eduardo Cota Osuna, presentó su renuncia al titular nacional Román Meyer Falcón.
Desde el pasado 11 de noviembre, Grupo REFORMA publicó que el en ese entonces titular del Registro Agrario Nacional (RAN) en Baja California, Cota, concentraba certificados parcelarios en el valle de Guadalupe, donde también es ejidatario, contraviniendo la Constitución y la Ley Agraria.
Dichos certificados parcelarios, en una de las zonas con mayor plusvalía en el Estado, por ser región vitivinícola, fueron cedidos por Cota Osuna a un grupo cercano a Gerardo Sosa Castelán, ex Presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Esta mañana, Cota hizo pública su renuncia en sus redes sociales, en donde adelantó que se defenderá de las “difamaciones”
“He tomado de la decisión de separarme de mi encargo para poder defenderme y enfrentar libremente las difamaciones y calumnias que se han estado vertiendo en diversos medios de comunicación”, indica su misiva.
“Expreso mi interés para que se investigue la verdad por autoridad competente y no sea sólo con el fin de afectar a la Cuarta Transformación, al buen desempeño del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la labor de las instituciones del sector agrario que están abatiendo la corrupción con éxito”, añadió.
El ahora ex funcionario federal confía en que la verdad prevalecerá y concluye con la afirmación de que “fuera los latifundistas y los grandes fraccionadores del valle de Guadalupe”.
Un vocero del delegado federal único, Jesús Alejandro Ruíz Uribe, indicó que aún no se confirmaba la aceptación de la renuncia.
Aline Corpus
Agencia Reforma
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Cinco hombres cercanos a Gerardo S. C., presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), actualmente preso, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, figuran como propietarios de terrenos y avecindados en la exclusiva región vitivinícola del Valle de Guadalupe, en Baja California.
Desde el 16 de diciembre de 2018, el representante legal del exrector comenzó las gestiones ante la Asamblea ejidal para que su hijo, Gerardo Sosa Cravioto —asesinado en febrero de 2019— y el grupo cercano al expriista obtuvieran un estatus de “avecindados” en el ejido Zapata-Francisco Zarco.