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En días pasados nos enteramos, a través de los medios de comunicación, que la candidata al gobierno de Veracruz Rocío Nalhe fue señalada de presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
A raíz de la denuncia presentada en su contra, dio unas primeras declaraciones en las que acusaba ser víctima de violencia política en razón de género.
Días después, se llevó a cabo una marcha de apoyo a la candidata y repudio a la presunta violencia política en razón de género de que era objeto.
Dicha marcha no estuvo exenta de controversia dado que colectivos feministas criticaron el uso faccioso del término violencia política en razón de género y otro señaló usurpación de su imagen en una supuesta adhesión a la marcha.
Considero oportuna la ocasión para conversar sobre lo que es y lo que no es violencia política en contra de las mujeres en razón de género.
Y es que nos encontramos en pleno proceso electoral, ante el más grande de la historia de nuestro país, toda vez que converge la elección a nivel federal de una persona a la presidencia de la República; 128, al Senado, y 500, a la Cámara de Diputados. A nivel estatal, se elegirán personas a las gubernaturas, Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías. En total se votará para elegir a personas para más de 19 mil cargos.
De acuerdo al principio constitucional de paridad, habrán de participar un 50 por ciento de candidatos y un 50 por ciento de candidatas.
Empecemos por reconocer que este tipo de violencia ha existido desde siempre, pero justo a partir de la implementación del principio constitucional de paridad, el cual permitió la participación de un mayor número de mujeres al mismo tiempo, se generó un crecimiento exponencial del fenómeno.
Para atender este nefasto efecto secundario de la paridad, se hicieron esfuerzos muy importantes por parte de los organismos electorales y otras instancias a través del Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género hasta la llegada de la reforma legal del 13 de abril de 2020 que reforma ocho leyes —seis generales y dos orgánicas—, con estas reformas se tipifica esta clase de violencia, es decir, se establece en la ley qué significa, cuáles son las sanciones para quienes la cometan y quiénes son los sujetos responsables.
De acuerdo con esta reforma legal:
“La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
“Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella”.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (…)” (artículo 3. Párrafo primero. Inciso K) de la LGIPE).
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 20 ter, establece 22 conductas a través de las cuales puede expresarse la violencia política contra las mujeres que van desde impedir, por distintos medios, su registro a una candidatura; obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad
Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales.
Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género.
Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género.
Entre otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.
Como puede observarse, hay una constante sine qua non podemos hablar de violencia política hacia las mujeres en razón de género y es que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, les afecte desproporcionadamente o tenga un impacto diferenciado en ellas y esté basada en estereotipos de género, es decir, la visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características, o los papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Expectativas normativas que se tienen de cada género y de las relaciones de poder entre ambos, con la hegemonía de lo masculino.
Volviendo al caso de la candidata, es más que evidente que, en caso de existir, la violencia que reclama no es violencia política en razón de género.
Quien la acusa a ella o a cualquier otra mujer de corrupción y enriquecimiento ilícito está obligado a probar y ellas deberán tener las garantías de debido proceso y presunción de inocencia en tanto no se demuestre lo contrario.
Coincido con quienes reclaman el uso indebido del término que lo único que provoca es su “abaratamiento”.
Es desafortunado que conceptos como este se usen a la ligera porque, por una parte, desacreditan la seriedad y gravedad del problema y por otro, restan atención a quienes verdaderamente son víctimas de esta práctica que encuentra su asidero en un constructo arraigado estructuralmente en nuestra sociedad, el modelo hegemónico de masculinidad encarnado mayoritariamente por hombres, pero también por algunas mujeres.
Porque es necesario señalar que la violencia política contra las mujeres también es ejercida, en algunos casos, por mujeres.
Es así que denunciar a una persona por presunta corrupción o decirle a una persona corrupta que es corrupta no es violencia y tampoco de género.

Violencia política en razón de género: qué es y qué no es

Estimadas personas lectoras, les pregunto: ¿cómo llegaron ustedes a este mundo? Creo que puede resultar un poco extraña la pregunta, planteémosla más directamente: ¿cómo fueron paridos?
Algunas de ustedes, en una clínica, en un hospital, en un consultorio. Otros con un parto asistido por el médico de la familia en sus respectivas casas. ¿Alguien con un parto asistido por una partera? ¿Por una partera tradicional?
Si eres una persona nacida a partir de los 70 y, claro, dependiendo mucho del lugar y condiciones de tu nacimiento, las posibilidades de que hayas nacido en tu casa y, más aún, asistido por una partera, son muy bajas.
Mi madre, doña Carmen Perusquía, parió 11 hijos con la asistencia de una partera.
Ella nos cuenta de sus primeros partos y sus grandes dificultades. Lo que las parteras en turno hacían para asistirla después, por ejemplo, de tres días y sus noches con dolores: sobada tras sobada, tés, barridas hasta el alumbramiento, después de lo cual le preparaban su caldito de pollo y la bañaban con hierbas en el temazcal. Le daban sus recomendaciones para guardar estrictamente la cuarentena.
Hay parteras urbanas, profesionales, técnicas, certificadas y tradicionales. Voy a referirme exclusivamente a las parteras tradicionales con mayor profundidad en una segunda entrega de esta colaboración.
Baste ahora con reconocer que las parteras tradicionales han sido de gran importancia para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, particularmente en los ámbitos comunitarios.
Su función ha sido no solo circunscrita a acompañar el embarazo, el parto y el puerperio de las mujeres sino también, han desempeñado un rol de liderazgo en sus comunidades, han sido defensoras de su territorio y son las guardianas de esta tradición ancestral.
La partería tradicional se ha visto comprometida hasta el límite casi de su exterminio por políticas públicas del Sector Salud que, en el ánimo de reducir los índices de mortalidad materna, intentaron institucionalizarlas a través de su certificación con capacitación que lo que pretendía era sustituir sus prácticas por otras médicamente recomendables negando con ello el valor de sus conocimientos trasmitidos de generación en generación, mismos que han ayudado a parir a miles de mujeres que sin estos, no habrían tenido ninguna oportunidad.
La partera tradicional acompaña el embarazo y su conocimiento y experiencia le permiten reconocer cuando un embarazo va bien, acomodan al niño cuando se acerca el parto y está mal posicionado, pero, particularmente, respetan la intimidad de la madre, su decisión de cómo quiere parir, toda vez que la decisión de parir acostadas sobre nuestra espalda es occidental y contra natura, además.
La mujer vive su parto, algo tan importante en la vida de toda mujer, rodeada de quien ella quiere que la rodee y contenida emocionalmente que es la parte que el servicio médico institucionalizado no provee.
Entre los múltiples obstáculos que han tenido que enfrentar, se encuentra la negativa institucional de reconocer los nacimientos de las y los niños de las mujeres que ellas atienden. El certificado de nacimiento es requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona. Estas autoridades niegan reconocimiento al certificado de los nacimientos en los que intervinieron, haciendo imposible o tortuoso el registro de los menores.
Esta negativa al registro de los menores viola el derecho humano de las niñas y niños a la identidad y es contrario al interés superior de la niñez.
Por ello, hoy aplaudimos la reforma a la Ley General de Salud en materia de partería tradicional que el Congreso de la Unión ha avalado y cuyo decreto ha sido publicado este 26 de marzo de 2024 a través del cual se reconoce la labor de las parteras tradicionales, reconociéndoles sus métodos y prácticas curativas y se elimina la condicionante de certificaciones contrarias a sus conocimientos ancestrales.
Puntualmente, la reforma estipula en el artículo 64 que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: “Acciones para respetar, garantizar y proteger el ejercicio de las parteras tradicionales, en condiciones de dignidad y acorde con sus métodos y prácticas curativas, así como el uso de sus recursos bioculturales. Para lo anterior, se les brindarán los apoyos necesarios sin condicionamientos o certificaciones, siendo suficiente el reconocimiento comunitario” (LGS, 1984).
En el artículo 389 bis se adiciona a las parteras tradicionales para quedar como sigue: “El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina, parteras tradicionales y personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente”.
En la reforma al artículo 392 se aclara que dichos certificados de nacimiento “Los que se autoricen para las parteras tradicionales, o los que ellas elaboren, serán de la mayor sencillez, con lenguaje adecuado a su cultura e identidad y contendrán los datos básicos previstos en el artículo 389 bis”.
Es en casos como estos, que la función legislativa cobra relevancia, cuando responde a la identificación de un problema público que encuentra una vía de solución a través de la norma. Estas reformas SIRVEN.
Las que cambian puntos o comas, las que son divididas en múltiples iniciativas cuando pudieron ser propuestas en una sola, esto con la intención de incrementar la productividad del o la legisladora son, por decir lo menos, sinsentidos. Aumento necio de trabajo para la comisión o comisiones legislativas que dictaminan para dejar rezago o para desechar la inmensa mayoría por inapropiadas o inviables.
Sin embargo, para que esta o cualquier otra reforma de ley o ley logre su cometido deben cumplirse, de ahí la importancia de que las autoridades competentes difundan el contenido de la ley y exijan su puntual observancia.
En la próxima colaboración abordaremos un poco más de la labor de las parteras tradicionales, las guardianas de la vida y el agua, a quienes nuestro país debería atesorar.

Partería tradicional, cada quien su parto

Sabemos que todas las personas necesitamos cuidados y apoyos en algún momento de nuestras vidas o bien a lo largo de estas, lo cual es parte natural del ciclo vital de los seres humanos, por lo que el reconocimiento del valor de los servicios de cuidado para la economía en la esfera doméstica es sumamente importante.
De acuerdo a la ONU, el trabajo de cuidados puede ser remunerado o no remunerado y comprende dos tipos de actividades: las de cuidado directo, personal y de relación, como cuidar a un menor o cuidar de una persona enferma o una persona adulta mayor, y las actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar enmarcado mayormente en el trabajo doméstico.
La fuerza de trabajo mundial dedicada a la prestación de cuidados está integrada por 249 millones de mujeres y 132 millones de hombres.
De aquí a 2030 se prevé que el número de receptores de cuidados ascenderá a 2 mil 300 millones, lo que está impulsado por 100 millones más de personas mayores y por 100 millones más de niñas y niños en edades comprendidas entre los seis y los 14 años.
Si bien el trabajo de cuidados es realizado por hombres y mujeres, las mujeres realizan el 76.2 por ciento de todo el trabajo de cuidados no remunerado, 3.2 veces más tiempo que los hombres.
En todo el mundo, el trabajo en el sector de los cuidados en actividades de cuidado indirecto sigue caracterizándose por la ausencia de prestaciones y protecciones, bajos salarios o falta de compensación; además de estar expuesto a perjuicios físicos, mentales y, en algunos casos, sexuales.
A las personas que asumen el trabajo de cuidados directo, personal y de relación y que, además, quieren o necesitan tener un trabajo remunerado es a quienes de manera directa atañe el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, definidas en el convenio como aquellas personas con responsabilidades hacia los hijos a su cargo o respecto de otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella.
El convenio estipula en su artículo tercero que los Estados miembros que lo ratifiquen deberán incluir entre los objetivos de su política nacional el permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.
El artículo quinto estipula que los Estados deberán adoptar además todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales como los servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar.
Nuestro país no ha ratificado este convenio, establecido por la OIT en 1981, permanece estancado a pesar de que el Senado de la República ha aprobado punto de acuerdo para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe por escrito el estatus en que se encuentra el dictamen sobre las consultas que realiza para la ratificación y en su caso informe la situación del mismo.
Con ratificación o sin ella, el hecho es la imperiosa necesidad de que nuestro país invierta en una economía del cuidado resiliente e inclusiva incluida en el desarrollo de un sistema nacional de cuidados con cobertura universal, con calidad y con equidad.
Un sistema que incluya estancias infantiles para que los padres y principalmente las madres, quienes asumen el cuidado de los menores, cuenten con lugares donde puedan dejar a sus hijos con seguridad y atención integral y una red de escuelas de tiempo completo u horario ampliado; estancias de día y residencias para personas adultas mayores, y apoyos específicos para las personas cuidadoras de otras personas que presentan alguna discapacidad grave.
Ser una persona cuidadora es muy difícil sobre todo si se está sola en una encomienda tan demandante tanto física como emocionalmente, de ahí que se hable de ¿quién cuida al cuidador? Las personas que asumen los cuidados en muchos de los casos ven afectada su salud mental sumergidos en el estrés de la encomienda y la presión económica resultante.
El sistema nacional de cuidados debe considerar a las personas cuidadoras dentro de las estrategias a implementar estableciendo, por ejemplo, apoyos económicos. Es necesario reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado.
La necesidad de cuidados se incrementará considerando que la población mexicana está envejeciendo y la expectativa de vida va en aumento. El sistema nacional de cuidados debe ser una prioridad para los gobiernos, conviene resaltarlo ahora que vivimos tiempos electorales para exigirlo como compromiso de quienes habrán de asumir la responsabilidad en los tres órdenes de gobierno.

El Sistema Nacional de Cuidados: ¿quién cuida al cuidador?

El pasado 12 de marzo nos enteramos, por un comunicado de la Secretaría de Educación Pública del estado, que un alumno de 11 años de edad de una escuela primaria del municipio Santiago de Anaya había sufrido una caída y su estado de salud había degenerado a muerte cerebral. La SEPH lamentó el que denominó “trágico incidente”.
Posteriormente, por declaraciones del padre del menor, se supo que sus lesiones fueron presuntamente provocadas por dos compañeros de la escuela, quienes lo golpearon. Que el estado del menor no mejoró y que desafortunadamente derivó en la pérdida de su vida.
Hemos conocido una serie de posturas de parte de la familia del niño y de la propia secretaría que son contradictorias, no solo en cuanto al origen de las lesiones sino también al seguimiento que se le dio al caso.
Se trata sin duda de un caso terrible. Es indispensable garantizar un investigación exhaustiva y responsable que permita conocer la realidad de los hechos y poder deslindar responsabilidades.
En caso de confirmarse el acoso escolar, vuelve a todos nosotros la preocupación por la violencia que sufren las niñas, niños y adolescentes, quienes en lugar de encontrar en la escuela un remanso de amor y conocimiento enfrentan angustia, temor, frustración y como es común cuando se sufren violencias, en silencio o sin ser escuchados.
De acuerdo con la Unicef, el acoso puede identificarse a través de tres características: intención, repetición y poder. Un acosador tiene la intención de causar dolor, ya sea a través del daño físico o de palabras o comportamientos hirientes, y lo hace de manera repetida. Los niños tienen más probabilidades de ser víctimas de acoso físico, mientras que las niñas suelen sufrir acoso psicológico.
Más que un incidente aislado, el acoso es un patrón de comportamiento. Los niños que acosan a otros suelen tener a un estatus social más alto o una posición de poder, es el caso de niños que son más grandes o fuertes o considerados “populares”.
Los niños más vulnerables se enfrentan a un riesgo mayor de ser víctimas de acoso.
El acoso puede darse en persona o en línea. El ciberacoso suele producirse a través de las redes sociales, mensajes de texto, SMS, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otra plataforma que utilicen los niños. Dado que los padres no siempre saben lo que hacen sus hijos en esas plataformas, puede resultar difícil identificar cuándo el niño tiene un problema (Unicef.org).
Sabemos que en este fenómeno no solo tenemos a la víctima de la violencia, sino al perpetrador y a quienes observan la situación y la alientan o la permiten o la ocultan, todos los componentes del fenómeno al final son niñas, niños o adolescentes con una condición que los empuja a someterse a la violencia, a ejercerla o a permanecer impávidos ante el fenómeno. ¿Qué ocurre dentro de cada uno de ellos? ¿Qué experiencias personales o familiares hay detrás de estas actitudes? ¿El perpetrador y el espectador deben ser castigados ejemplarmente? ¿El apoyo debe ser solo para la víctima? En casos como este, ¿Se “resuelve el problema” expulsando al perpetrador y reubicándolo en otra escuela?
Los castigos ejemplares no son la solución. La expulsión del “problema” no es la solución. Todos los implicados: víctima, perpetrador o espectador son niñas, niños o adolescentes y en todo caso, víctimas todos. No debe criminalizarse al perpetrador ya que también necesita atención, acompañamiento, escucha. Es común que esta postura genere rechazo, pero tratándose de menores, las responsabilidades están en las personas adultas con quienes conviven en sus hogares, las escuelas, los entornos inmediatos, las instituciones, etcétera. Quienes forman parte de la vida, las experiencias, los aprendizajes de las infancias y adolescencias.
En este sentido, la atención al acoso escolar requiere de un enfoque integral. Con información para padres y madres de familia o tutores; maestras y maestros; por supuesto las propias infancias y adolescencias con una formación que fomente la cultura de la paz y el trato digno y considerado para con los demás, que rechace la violencia en todas sus formas y expresiones y privilegie la solución pacífica de los conflictos.
Nada fácil, sin duda.
Por obvias razones, ya que este tipo de violencia se da al interior o en los alrededores de las escuelas, la atención prioritaria deberá ser responsabilidad de la comunidad escolar, mientras no se implementen protocolos pertinentes no será posible actuar de manera oportuna.
Nuevamente aquí es necesario resaltar que ese enfoque integral debe garantizar la participación activa y corresponsable de las demás instancias relacionadas con el tema, en respaldo a la comunidad escolar, para las acciones de prevención, atención (detección, notificación, intervención y seguimiento), incluidas medidas de no repetición del acoso escolar.
En el hogar, debemos asumir la responsabilidad que como como padres, madres o tutores tenemos en la formación de nuestros hijos, justo para prevenir que nuestros modelos de crianza den pie a que nuestras hijas o hijos se tornen en víctimas, perpetradores o espectadores de violencia escolar.
Hoy lamentamos la tragedia que vive la familia de Adriel, lo injustificable de su partida. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida sin violencia. Esta tragedia no debió ocurrir y no debe repetirse nunca más. Que en nuestras escuelas prevalezca la cultura de la paz.

Bullying: víctimas, perpetradores, espectadores. Todos, víctimas

La coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, afirmó que el grupo que encabeza no ha definido su postura en torno a la interrupción legal del embarazo.
La priista señaló que no solo será al interior del Parlamento que se analicen las posturas a favor y en contra del aborto, sino también con la militancia tricolor y con la ciudadanía.
“Estaremos abiertos a las distintas posturas y, eventualmente, habremos de generar una postura como bancada. Todavía no hay una definición, estamos en esa parte de escuchar a todos”, sostuvo la priista.
Pérez Perusquía dio su apoyo manifiesto a la propuesta que presentó Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el 21 de marzo para modificar el Código Penal de Hidalgo, con la finalidad de permitir la interrupción legal del embarazo hasta la decimosegunda semana de gestación.
El 9 de abril, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso modificaciones a la Constitución Política del estado, para garantizar el derecho a la vida desde la concepción, pero con la condición de que quienes incurran en aborto no reciban como castigo la privación de su libertad, sino trabajo comunitario.
SE MANIFIESTAN
Las propuestas de legalizar la interrupción del embarazo —de Morena— y de garantizar el derecho a la vida desde la concepción —del PAN— han provocado movilizaciones de grupos en defensa de la vida y proaborto
Emmanuel Rincón | Pachuca
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