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Debido a un ordenamiento judicial, el ayuntamiento de Tula se verá obligado a pagar 80 mil pesos a la ciudadana Betzabé Contreras Sánchez por concepto de servicios prestados a la alcaldía durante la feria de San José 2019.
Lo anterior fue abordado en la décima sesión ordinaria de Cabildo por el tesorero local, Javier Serrano Cruz, quien sostuvo que el resolutivo legal había llegado a la demarcación en días pasados, por lo que se debía autorizar al presidente municipal<a href="https://www.facebook.com/MHBadillo/" target="_blank" rel="noopener"> Manuel Hernández Badillo</a> a retribuir dicha cantidad.
El funcionario explicó que ya no era posible hacer nada para “salvar” el caso, ya que la extesorera Gloria Figueroa Jiménez no les informó que existía dicho compromiso legal y económico.
<blockquote>“Ni en el Proceso de Entrega-Recepción entre el exalcalde Gadoth Tapia ni con la exconcejala presidenta Verónica Monroy, quien también ocultó las anomalías por motivos desconocidos”, explicó Serrano Cruz.</blockquote>
Recordó que la exencargada de las finanzas del municipio repitió en el cargo en los dos últimos periodos, por lo que tanto Figueroa Jiménez como Monroy Elizalde no dijeron nada sobre el tema.
Al respecto, la síndica jurídica Lilia Ibáñez Cornejo mencionó que había podido negociar que se redujera el cobro pretendido por Betzabé Contreras de 100 mil a 80 mil pesos, lo que fue celebrado por el ayuntamiento, a excepción del regidor Francisco Javier Ramos Alonso, quien opinó que antes de hacer cualquier cosa, tratándose de movimientos financieros en Tula, se debía poner al tanto a los miembros de la Asamblea.
<h4>Gobierno anterior dejó pasivos, acusan</h4>
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<li>De acuerdo con Serrano Cruz, el gobierno del exalcalde Tapia Benítez dejó diversos pasivos con proveedores del ayuntamiento, como el correspondiente a Cornejo Sánchez, por la cantidad de 100 mil pesos, cuya sentencia de pago está en el juicio mercantil con número de expediente 970/2020</li>
<li>El funcionario acusó que ni la extesorera Figueroa Jiménez ni la exconcejala Monroy Elizalde dieron a conocer las anomalías financieras que dejó el expresidente municipal</li>
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Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende
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Ayuntamiento de Tula pagará pasivo dejado por exalcalde

Redacción Criterio

Solo observaciones menores fueron detectadas en la pasada administración municipal, presidida por el exalcalde Gadoth Tapia Benítez, en su gestión 2016-2020, informó Verónica Monroy Elizalde, presidenta del Concejo interino de Tula.
En encuentro con medios informativos, aseguró que el ente transitorio que representa “recibió una gestión que caminaba por sí sola”.
La concejala dijo que, si no hay faltante como en los casos de Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, “tampoco se tiene por qué inventar”.
“En el Programa de Entrega- Recepción, entre nosotros y el gobierno 2016-2020, de Gadoth Tapia Benítez, fuimos muy detallistas (sic), ya que pusimos atención en lo que se reportó como patrimonio del municipio y lo que encontraron físicamente”, dijo.
La funcionaria reconoció que no se revisaron todos los expedientes, sin aclarar a cuáles se hacía referencia. 
“A solicitud de la ciudadanía, pedimos a la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) que revisarán algunos expedientes para saber si existían irregularidades; sin embargo, los auditores me hicieron ver que no podíamos hacer tal planteamiento, ya que el Concejo no es una autoridad fiscalizadora”, comentó.
Dijo que el ente fiscalizador se encargará de verificar, y de existir alguna observación se hará del conocimiento público, por lo que estarán al pendiente.
Miguel Martínez 
Tula de Allende

Destacan que Gadoth Tapia salió en orden

Como medida para evitar contagios de coronavirus (Covid-19), Tula de Allende aprobó ayer sancionar con hasta 43 mil 440 pesos a las personas que no usen cubrebocas en vía pública o establecimientos comerciales.
Por lo anterior, se convirtió en el tercer municipio en Hidalgo que avaló el uso obligado del barbijo.
Durante una sesión de Cabildo, integrantes de la Asamblea autorizaron por unanimidad que, a partir del próximo martes –un día después de que sea publicado el decreto en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH)– la utilización de la mascarilla sea forzosa.
En la reunión, se acordó que, una vez que entre en vigor y se difunda la medida preventiva, en caso de inobservancia, las personas que no porten tapabocas al transitar por la calle serán acreedoras a una sanción de que va de las cinco a las 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Lo anterior significa que los pobladores podrían recibir una multa de entre 434.40 y 43 mil 440 pesos; no obstante, esto dependerá del grado de afectación, la intencionalidad, la capacidad económica y la reincidencia.
En tanto, el alcalde Gadoth Tapia lamentó que se tenga que recurrir a estas acciones “coercitivas” para que la gente entienda que tiene que cuidar su salud y la de los demás.
De la disposición quedarán exentos menores de dos años, personas con enfermedades respiratorias y con dificultades para colocarse el tapabocas.
Pachuca y Tulancingo aprobaron, en días pasados, el uso obligatorio del cubrebocas y sanciones para aquellos que omitan portarlo en vía pública y comercios: la capital hidalguense solo autorizó multas económicas, mientras que el segundo municipio indicó que también arrestará a quienes no acaten la medida.
<h4>Incidencia</h4>
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<li>Hasta ayer, de acuerdo con el reporte estatal, Tula registraba 227 casos positivos de coronavirus y 48 defunciones por la enfermedad</li>
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<h4>Sanciones</h4>
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<li>Pachuca aprobó trabajo comunitario o multas de 5 a 20 días de salario por no usar barbijo</li>
<li>Tulancingo contempla suspensiones o la cancelación de la licencia para locales</li>
</ul>
Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Multas de hasta $43 mil por no portar cubrebocas

El alcalde de Tula, Gadoth Tapia Benítez, dijo que existe incertidumbre por las reglas de operación de programas federales, como Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y el Ramo 33, que aglutina las aportaciones federales para entidades federativas y municipios.
Según el edil, los ayuntamientos no han sido notificados todavía sobre los cambios, pero consideró necesario flexibilizar los requisitos del ramo, pues actualmente son “muy cerrados”.
“Esperamos que en el Presupuesto de Egresos 2019, en el cual se contemplan partidas de los municipios, se sigan conservando los programas, sobre todo en el tema de seguridad pública. Por ahora no podemos cambiar el ramo de infraestructura hasta no conocer las modificaciones; de ahí que se contemplen 24 millones de pesos en el paquete económico del municipio, como el año anterior, pero esperamos que se incrementen las participaciones”, indicó.
Por otra parte, respecto de la falta de acreditación de exámenes de control y confianza de 50 por ciento de los policías municipales, como señaló el titular de la corporación local, Fermín Hernández, la semana pasada, el alcalde manifestó que el problema no solo ocurre en Tula.
“Esperamos se puedan generar alternativas para mantener el número de elementos con mayor calidad y mejor preparados. En este momento no se van a dar despidos porque no se conocen las reglas de operación y no quisiéramos adelantarnos, además de que se estiman 3 millones de pesos para los finiquitos”, mencionó.
<ul>
<li>El alcalde señaló que las reglas de operación no pueden ser estandarizadas.</li>
<li>“Solo en Tula son 54 comunidades y 110 barrios y colonias, cada una con diferentes problemáticas, como drenaje o agua potable, y no pueden generar pavimentaciones, por lo que se espera que Sedatu y Sedesol sean más flexibles”, dijo</li>
</ul>
Jesús González I Tula
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