Redacción Criterio

Ayer, la Academia Hidalguense de Derechos Humanos (Acaderh) comenzó el seminario en el que analizarán el contexto de las garantías individuales en el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pablo Vargas González, integrante de la Acaderh, explicó que la finalidad del curso es detectar los cambios en la materia: avances y retrocesos, durante los más de ocho meses que el Ejecutivo nacional lleva en el poder.
Agregó que el seminario durará un año y contará con la participación de integrantes de diversas organizaciones civiles, así como activistas.
Vargas González mencionó que el taller se lleva a cabo en el marco del décimo tercer aniversario de la Acaderh, organización que surgió en 2006, luego de que él y algunos catedráticos fueran expulsados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por pedir que la dejara de manejar Grupo Universidad, encabezado por Gerardo Sosa Castelán.
A partir de ese momento, señaló, comenzó a crear vínculos con diversos defensores de derechos humanos a nivel estatal y nacional.
Detalló que, en la entidad, Acaderh ha abierto el debate sobre diversos temas, como medio ambiente y desapariciones forzadas; además, se ha aliado con otros grupos para impulsar el reconocimiento de garantías a mujeres, población diversa, niñez y la juventud.
DIRIGENTE INICIAL
Vargas González fue el primer presidente de la Acaderh, a la que definió como “un organismo compuesto por ciudadanos con el compromiso por la promoción de los derechos humanos”
Marisol Flores I Pachuca
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Derechos Humanos en la 4T, a análisis

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Pablo Vargas González, integrante de la Academia Hidalguense de Derechos Humanos (Acaderh), consideró que se debe crear un mecanismo para fiscalizar y otorgar de manera eficiente el bono electoral.
Lo anterior, luego de que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Hidalgo avalara el martes el dictamen para que en la entidad continúe la entrega del recurso que se otorga a los partidos políticos por tener representantes de casilla en cada jornada comicial.
Señaló que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) no debe dar el dinero como una partida “extra”, sino de las prerrogativas de los institutos políticos, pues militantes y simpatizantes cuidan sus votos.
En entrevista con Criterio, el politólogo dijo que este bono forma parte de los “privilegios” que el IEEH otorga a los partidos.
Detalló que la asignación solo se entrega en Hidalgo y está fundamentada en la fracción III del artículo 30 del Código Electoral de la entidad, la cual señala que los institutos políticos tendrán derecho a recibir una bonificación por actividad comicial.
Durante el proceso electivo de 2018, el IEEH otorgó 19 millones 648 mil 537.20 pesos por este concepto a los nueve partidos que tenían registro en Hidalgo. A cada representante de casilla le dieron 754.90 pesos, pues el año pasado se acreditaron 26 mil 28 personas para vigilar urnas.
Para que se concrete, la propuesta de mantener el beneficio debe ser votada en el pleno, advirtió Baptista, quien señaló que aprobarla vulnera la austeridad.
ANTES DABAN UN REFRIGERIO
Vargas González recordó que este bono, en la década de 1980, se otorgaba a manera de lunch
Durante las elecciones de 2018, el IEEH repartió 19 millones 648 mil 537.2 pesos a nueve partidos
Marisol Flores | Pachuca
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Piden fiscalizar recursos para los representantes de casilla en Hidalgo

Pablo Vargas González, politólogo e integrante de la Academia Hidalguense de Derechos Humanos (Acaderh), consideró que la postulación de regidores, síndicos y alcaldes en funciones por otro puesto para el proceso electoral 2019-2020 es un desatino, pues fomentaría prácticas como la perpetuación de familias en un Cabildo, además de que los actuales ediles tendrían ventaja sobre sus contendientes por el manejo de recursos.
El también activista detalló que la decisión de los magistrados electorales del estado —quienes revocaron parcialmente el acuerdo IEEH/CG/018/2019— no es acertada, pues lo ideal sería realizar una reforma a la Constitución Política local, bien elaborada, que se discuta, contenga candados y contemple diferentes posibilidades.
Actualmente, la máxima norma de Hidalgo plantea que los integrantes del Cabildo de un ayuntamiento, emanados de las urnas por voto directo, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.
“La reforma la deben hacer los diputados. Por ejemplo, un alcalde ya no podrá participar como presidente municipal, pero sí como síndico. Esto se puede hacer durante varios periodos, es una transgresión a la Constitución local, una mala enmienda”, expresó el también integrante del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas.
“Es una interpretación inadecuada porque se configura una reelección. Lo que se tiene que hacer es una reforma bien elaborada y precisa, para evitar que los políticos abusen de sus cargos y quieran permanecer en el poder”, insistió.
Vargas González dijo que la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) abre la puerta a que algunas familias se sigan perpetuando en cargos públicos —situación que sucede en municipios de la Sierra, Huasteca y otras regiones— porque podrán ser regidores y luego alcaldes o síndicos.
Agregó que también se fomentaría una inequidad en las contiendas, pues los actuales ediles podrían hacer uso de los recursos del municipio para favorecerse con los votos.
Marisol Flores | Pachuca

Aval de TEEH a cabildistas es un “desatino”, dice politólogo

Pablo Vargas González, analista político y miembro de la Academia Hidalguense de Derechos Humanos (Acaderh), señaló que la iniciativa que pretende sancionar a los ciudadanos por no ir a votar es inadecuada, ya que en países en los que se amonesta no se ha elevado la calidad de la democracia.
El martes, durante la sesión del Congreso, la diputada morenista Roxana Montealegre Salvador presentó una iniciativa de reforma al Código Electoral de Hidalgo para multar con cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien no acuda a emitir su sufragio.
No obstante, el también activista mencionó que, en México, el voto es un derecho y una obligación, pues la Constitución federal, en la fracción tercera del artículo 36, obliga a todos los ciudadanos a sufragar; sin embargo, si no lo hacen, no se establecen consecuencias. Agregó que, de igual forma, lo anterior está establecido en el numeral 18 de la máxima ley estatal.
“Imponer sanciones a quien no acuda el sufragar el día de la elección ya se ha discutido, (pero) no se ha logrado. No funcionaría en México mientras no se garanticen elecciones competitivas, alternancia, partidos y candidatos atrayentes para el electorado. (La multa) solo sería una medida coercitiva”, indicó.
“No es adecuado ni pertinente, en este momento, obligar a los electores, con sanciones, a asistir a las votaciones”, insistió.
Vargas consideró que acudir a las urnas es una decisión personal que se realiza cuando se analiza una campaña o a los candidatos, por lo que señaló que se deben mejorar las propuestas de aspirantes y su actuar proselitista.
PRESIONES NO VAN A INCENTIVARLOS
Vargas González consideró que, con presiones como la multa prevista, no se va a incrementar la participación ciudadana en la vida democrática
El activista mencionó que sancionar el abstencionismo solo generaría que la gente acuda a emitir su sufragio por temor a ser apercibidos
Ello derivaría en la falta de análisis de las propuestas políticas, candidatos, campañas y proselitismo
La multa prevista por Montealegre Salvador es de 422.45 pesos
Marisol Flores | Pachuca