En las últimas dos semanas, dos jóvenes fueron secuestrados en la Ciudad de México. Primero fue Norberto Ronquillo (22 años) al salir de clases de la Universidad del Pedregal. Los familiares pagaron el rescate, pero de todos modos, el joven fue hallado sin vida poco después.
A la semana siguiente (domingo a las 8 de la noche), Ana Karen (28 años) regresaba caminando del supermercado por la calle Horacio cuando al llegar a la puerta de su edificio (Emerson) dos hombres la subieron violentamente a un auto estacionado para salir a toda velocidad del lugar.
Estos sucesos -sumados a la muerte de Leonardo Avendaño- dispararon todas las alarmas de la seguridad pública capitalina. En las conferencias de prensa de la Procuraduría, se vieron nervios, desconcierto y preocupación. Sin embargo, la ola de secuestros parece en realidad -por más casos dolorosos y trágicos que haya- en términos de números un problema más complejo.
Los números reales
Según los números oficiales (SESNSP), desde el 2015 la tasa de secuestro se encuentra en retroceso en la Ciudad de México. De 0.62 en 2015 a 0.4 en 2018 las cifras muestran una caída en el número de denuncias por secuestro. Es cierto que las denuncias jamás reflejan el número real de secuestros cometidos. Se trata de un delito donde la cifra negra es abrumadora pero la correlación entre el número real de secuestros y las denuncias es relativamente constante. Esto significa que si aumentan los secuestros, tarde o temprano se incrementan las denuncias (proporcionalmente).
Es casi imposible que las denuncias bajen pero la victimización aumente. A largo plazo, las tendencias se estabilizan y se mantienen proporcionalmente constantes.
Y lo que 
muestran los números tiene sentido: los números bajan en la ciudad desde la creación de las unidades antisecuestro, aumento de penas e intervención de fuerzas federales (esto último jamás se menciona). Esta presión coordinada aumentó el costo del delito al punto de provocar un desplazamiento a zonas menos complicadas (para los delincuentes).
Por eso, el descenso del crimen en la ciudad vino acompañado de un incremento sustantivo en los estados aledaños al Ciudad de México. Sólo en Puebla ya se duplica la tasa de secuestros de la CDMX y Morelos se aleja en un espiral de violencia delictiva (seis veces más secuestros que en la capital). Para darle una idea, en Cuernavaca hay una especie de toque de queda virtual: asómese un día cualquiera por la noche a los bares y restaurantes del centro de la ciudad y los encontrará vacíos.
Este desplazamiento de la Ciudad de México a los estados aledaños no se ha revertido (o al menos, no hay cifras que lo prueben). Esto no impide que el secuestro se inicie en la CDMX (levantamiento de la víctima) y se complete en el Edomex (resguardo y pedido de rescate). Pero este modo operativo de ciertas bandas no ha aumentado el ciclo delictivo en la ciudad porque todavía hay cierta “relativa” coordinación entre Ciudad y Estado de México -impulsada por las fuerzas federales.
Los actuales secuestros y la prensa han puesto a la Procuraduría en crisis y eso está bien porque éste no es un asunto para postergar decisiones, dejar pasar casos o tratarlos como si no tuvieran importancia (aunque la “ola” no sea tal). De hecho, estos casos tan traumáticos deberían ser la razón principal de una reforma del área (unidades antisecuestros) y sobre todo, mejorar el trato a la familia de las víctimas.
La compasión, empatía y profesionalismo deberían estar en el primer lugar de cualquier cambio (si es que lo hay).
Diana Hernandez De Paz
Agencia Reforma
También te puede interesar:
