El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) declaró infundado el juicio TEEH-JDC-114-2019, interpuesto por José Alfredo Chavarría Rivero por la presunta omisión del Congreso del estado para garantizar la participación política de personas con discapacidad (PCD) a través de cuotas en puestos de representación popular.
En su exposición de motivos, la magistrada María Luisa Quesada Oviedo afirmó que no existe omisión del Legislativo local, pues existe la Ley Integral para las Personas con Discapacidad en el estado y, en ella, un capítulo sobre sus derechos político-electorales.
Esa norma, señaló, fue actualidad en julio de 2018.
Agregó que no existe apartado en la Constitución o tratados internacionales que obligue a legislar en materia de cuotas para las PCD.
“No hay alguna disposición que regule o vincule al establecimiento de acciones afirmativas o de manera particular al establecimiento de cuotas en los cargos de representación popular para las personas con discapacidad”, dijo.
La magistrada presidenta agregó que, “atendido a la naturaleza de las acciones afirmativas”, no debe imponerse medidas a este sector con las cuales se vean obligados a aceptar “estas distinciones o preferencias: forzarlos a participar en las contiendas electorales solo para cubrir un espacio, pues con ello se generaría una carga que limite el derecho a la igualdad”.
Recordó que previo a la expedición de la ley para ese sector que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), representa el 8 por ciento de la población en Hidalgo, se realizaron foros de consulta, pero ellos no reclamaron el establecimiento de cuotas de participación.
“Imponer la creación de dicha regulación podría resultar en perjuicio, más que en bendición, de ese sector de la población”, advirtió.
Agregó que incluso las PCD podían ser “acosadas” por los partidos políticos para forzarlos a aceptar ser parte de planillas o fórmulas.
Gerardo Ávila
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