Hermanos Sosa Castelán buscan ampararse contra ordenes de aprehensión
 
Hace (43) meses
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Hermanos Sosa Castelán buscan ampararse contra ordenes de aprehensión
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Por separado, Damián y Agustín Sosa Castelán, hermanos de Gerardo S. C., interpusieron juicios de amparo en contra de posibles órdenes de aprehensión giradas en su contra; también lo hicieron otros funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

La solicitud del aspirante a presidente municipal por Tulancingo bajo las siglas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quedó asentado en el expediente 627/2020, ante el juzgado segundo de distrito, pero deberá precisar la denominación correcta y completa de la autoridad responsable, por lo que el amparo aún no se admite a trámite.

En el caso del secretario general de la UAEH, quedó registrado con el número 625/2020, en el juzgado tercero de distrito. En este último se concedió la suspensión provisional, por lo que se solicitó 10 mil pesos en garantía a Sosa Castelán.

En tanto, la encargada de los estados financieros del Patronato, Lisset Gil Guerrero tramitó ante el juzgado primero el juicio de amparo 630/202, pero aún debe precisar a las autoridades señaladas.

Mientras que otro funcionario de la casa de estudios, Jorge Augusto del Castillo Tovar, también tramitó amparo que quedó asentado bajo el número 632/2020.

Gerardo S. C. fue vinculado a proceso por un juez federal el domingo 6 de septiembre por probable lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.

Actualmente, el presidente del patronato universitario se encuentra privado de su libertad en el penal del Altiplano, en Estado de México.

Adela Garmez
Pachuca

 

Cinco hombres cercanos a Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), actualmente preso, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, figuran como propietarios de terrenos y avecindados en la exclusiva región vitivinícola del Valle de Guadalupe, en Baja California.

Desde el 16 de diciembre de 2018, el representante legal del exrector comenzó las gestiones ante la Asamblea ejidal para que su hijo, Gerardo Sosa Cravioto —asesinado en febrero de 2019— y el grupo cercano al expriista obtuvieran un estatus de “avecindados” en el ejido Zapata-Francisco Zarco.

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