Gerardo Sosa Castelán, director del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ha intentado visitar en prisión a Cipriano Charrez, ex diputado federal de Morena preso por homicidio culposo y señalado por el Gobierno estatal de supuestos vínculos con la delincuencia.
Dos videos de circuito cerrado y reportes penitenciarios señalan que el cabecilla del llamado “Grupo Universidad” acudió en dos ocasiones al Centro de Readaptación Social de Pachuca para solicitar el acceso y entrevistarse con el recluso, sin lograrlo.
Según los reportes, el 19 de octubre pasado Sosa llegó acompañado del abogado Eduardo Montaño Sandoval, pero el ingreso fue denegado porque ninguno estaba anotado en el kárdex o listado de visitas autorizadas, además de que no era uno de los días programados para las mismas.
“Buenos días, el día de hoy no se permiten visitas, sería hasta el día de mañana, pero por el momento hoy no, hoy sólo es otro tipo de visitas”, les dijo una funcionaria del penal, de quien enseguida se despidieron Sosa y compañía.
Cipriano Charrez está preso desde septiembre pasado por el delito de homicidio doloso eventual y omisión de auxilio, por un accidente ocurrido en octubre de 2018 en Ixmiquilpan, en el que huyó tras chocar con un taxi, vehículo que se incendió y donde perdió la vida el chofer.
El pasado 18 de junio, durante una visita del Presidente Andrés López Obrador, el Gobierno de Hidalgo dio a conocer una red de vínculos de la delincuencia en la entidad donde el ex legislador aparece como uno de los 17 objetivos prioritarios, por sus supuestos vínculos con un grupo criminal dedicado al huachicol.
En la misma presentación, su hermano Pascual Charrez, Alcalde de Ixmiquilpan, fue relacionado con la banda delictiva denominada “Los Hades”, también dedicada al robo de combustible.
Los Charrez rechazaron públicamente este señalamiento, acusando “tintes políticos” del Gobierno que encabeza Omar Fayad.
De Sosa Castelán, en la nueva Administración federal se ha hablado por dos casos: el congelamiento de cuentas de la UAEH y las acusaciones de los militantes de Morena en Hidalgo, quienes revelaron que en 2018 trató de “comprar” con 50 millones de pesos candidaturas a diputaciones locales y federales para su grupo político.
En marzo del presente año, el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar cerró la puerta para las candidaturas del partido a aquellos aspirantes que tuvieran problemas legales, lo que implícitamente incluye estos grupos políticos hidalguenses.
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