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Falsa la firma del convenio entre la Sedatu y Upfim, levantan denuncia ante PGR


El exsubsecretario de Sedatu, Enrique González Tiburcio, denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) que la firma que aparece en el convenio general con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero  (Upfim) en enero de 2016 y que derivó en el presunto desvío de 185 millones de pesos, no es suya, sino que fue falsificada.

El funcionario desconoció su firma en el documento mediante el cual se iniciaba la relación con la universidad para contratar servicios, por lo que interpuso una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la dependencia el 9 de julio de 2017, y un mes después este denunció penalmente contra quien resultara responsable ante la PGR. Así inició el proceso de investigación de dicho convenio.

Sin embargo, de acuerdo con Julio Hernández Barros, el abogado de González Tiburcio, peritos de la entonces PGR determinaron que la firma en el documento es verdadera, por lo cual él pasó de denunciante a imputado por el delito de “falsedad de declaración”. Es decir, por haber mentido respecto a la falsificación de su firma, según la dependencia.

En entrevista con Animal Político, Hernández Barros aseguró que en un año y cinco meses después de interponer la denuncia, la PGR no le notificó a González Tiburcio sobre el cambio de estatus jurídico, sino hasta el 3 de diciembre de 2018 para que se presentara en la primera audiencia el 15 de enero de 2019.

El abogado negó que su defendido haya solicitado un amparo para no acudir a declarar y también se presentó a la segunda audiencia, realizada el 24 de enero, donde se confirmó que González Tiburcio no está siendo investigado por desvío, sino por falsedad de declaración.

Antier, Animal Político publicó que González Tiburcio, quien también fue coordinador de asesores de Rosario Robles en Sedesol, es uno de los funcionarios de más alto rango en la Sedatu que firmó el convenio general SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 con la universidad de Francisco I. Madero y que derivó en el presunto desvío de recursos públicos de 185 millones de pesos.

Este y otros convenios fueron analizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría número 196-DS y se encontraron diversas irregularidades, como que las empresas subcontratadas eran de “papel”, los comprobantes de servicios fueron apócrifos o copiados de convenios con otras universidades, por lo que el organismo interpuso una denuncia penal ante la PGR en octubre de 2018.

Pese a que el exsubsecretario denunció la supuesta falsifica-ción de su firma ante el Órgano Interno de Control, a cargo entonces de Miguel Ángel Vega, este no investigó la posible responsabilidad del plagio.

“El OIC presenta la denuncia ante la PGR y se cruza de brazos, no vuelve a realizar ninguna investigación. Hubo una tremenda omisión en investigar y fincar responsabilidades administrativas”, asegura el abogado Hernández Barros.

Un elemento indispensable de investigación sería determinar quiénes autorizaron la liberación de los recursos de la Sedatu para pagar los supuestos servicios a la universidad. De acuerdo con una nota publicada por el periódico Reforma el sábado 26 de enero de 2018, otro de los imputados es el exdirector de Programación y Presupuesto de la Sedatu, Francisco Javier Báez Álvarez, encargado justamente de hacer la transferencia a este tipo de convenios. Él era subalterno de Emilio Zebadúa, el oficial mayor de la dependencia, responsable de administrar el presupuesto.

El abogado Hernández Barros afirmó que la investigación que ya realiza la Fiscalía General de la República (FGR) también se está limitando a determinar la autenticidad de la firma en el convenio, mas no en encontrar a posibles imputados en la falsificación y, sobre todo, la responsabilidad sobre la salida de recursos públicos de la dependencia.

De acuerdo con la defensa de González Tiburcio, el convenio incumple otros criterios legales, como la firma del titular del área jurídica, la justificación del requerimiento de servicios, rúbrica de funcionarios en todas las hojas del documento, entre otras.

 

Nayeli Roldán

Manu Ureste

Animal Político

 

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