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Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que la tortura se ha terminado en México con la llegada de su gobierno, esta sigue estando presente y en un número mayor o igual que el gobierno anterior.
En 2022 se abrieron 6 mil 226 carpetas de investigación por ese delito, 11 por ciento más que en 2021, cuando hubo 5 mil 594, de acuerdo con el informe Hallazgos 2022, del Observatorio contra la Tortura, integrado por las organizaciones Documenta, el Centro Prodh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y Fundar.
La mayor apertura de carpetas ocurrió en 2019 con 7 mil 500, en el primer año del actual gobierno, la más grande cantidad de los últimos años. Las carpetas cayeron en 2020 a 3 mil 35, pero repuntaron los siguientes dos años.
En 2022 solo fueron judicializadas 82 averiguaciones, lo que representa solo el 1.3 por ciento. En la vía de los hechos la impunidad para quien tortura ocurre en prácticamente el 100 por ciento de los casos.
De acuerdo con el Observatorio contra la Tortura, la legislación en la materia es muy avanzada en el papel, pero no en su implementación, donde existen muchas deficiencias y obstáculos para perseguir los delitos.
En 2022, el 80 por ciento de las víctimas de tortura no tuvieron acceso a las certificaciones de acuerdo con el Protocolo de Estambul, que la ley considera para probar el caso de tortura.
La entidad con el mayor número de carpetas de investigación abiertas por casos de tortura es el gobierno federal, con mil 405, de acuerdo con el Observatorio contra la Tortura. Le siguen el Estado de México, con mil 312; Ciudad de México, con 858; Veracruz, con 398; Baja California, con 354, y Puebla, con 289; ahora, todas entidades gobernadas por Morena.
Las autoridades más señaladas como responsables de las torturas son las fiscalías estatales y las secretarías de Seguridad Pública de los estados.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce lo avanzado de la legislación mexicana, pero al mismo tiempo señala que su aplicación deja qué desear y que el país recibió siete recomendaciones en la materia en el último informe del Examen Periódico Universal sobre derechos humanos, de manera particular con relación a la impunidad que es prácticamente del 100 por ciento.
Y, como ya lo han hecho otros organismos internacionales, señala también el incumplimiento del actual gobierno con la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura. Y considera que esto “dificulta la articulación de esfuerzos de todas las instituciones involucradas en la lucha contra la tortura”.
Los estudiosos del tema plantean que el número de las carpetas de investigación no registran todos los casos de tortura y que su número es claramente mayor. En materia de tortura, México no es el país que imagina el presidente.

La tortura en México

La semana pasada, autoridades agrarias y tradicionales de la comunidad otomí Cerro de Tzocohuite, acompañados por el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz y de la radio comunitaria de Huayacocotla La Voz Campesina, así como de algunas clínicas jurídicas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), realizaron en el Centro Prodh una conferencia de prensa para dar a conocer el inicio de diversas acciones legales en contra de concesiones mineras otorgadas en su territorio, sin consulta previa, libre e informada.
Frente a estos permisos públicos para que se extraigan minerales en los territorios que han habitado desde tiempos ancestrales, el Consejo Comunitario para la Defensa del Territorio del Cerro de Tzocohuite reivindicó que las concesiones mineras ponen en riesgo el bosque, el agua y el maíz, que son signos de subsistencia para los pueblos originarios. Los defensores otomíes de la Casa Común también insistieron en que su práctica tradicional de cuidado del ambiente beneficia a la comunidad, a la región, al país y a toda la humanidad, lo que se vuelve incluso más relevante ante la grave crisis climática del presente. Por eso, insistieron en que no puede haber actividades de exploración o extracción de minerales metálicos sin consentimiento de los pueblos originarios que habitan los territorios.
Particularmente, Marisela Tolentino, del Comisariado de Tzocohuite, explicó: “Para nosotros nuestro bosque es parte fundamental y vital, nos propicia una flora y fauna diversa, de varios manantiales, prácticamente abarca todo nuestro territorio. Por eso mismo nos organizamos para evitar la entrada de alguna empresa ajena para evitar que nuestro bosque, nuestro ecosistema o la salud de nuestra comunidad salga afectados”. Mientras que Lucrecia Linares Mina, integrante de la comunidad añadió: “Somos un pueblo indígena. La minera nunca nos preguntó si queríamos que entrara a explorar nuestro territorio (…) Exigimos respeto a nuestros derechos como pueblo indígena y es por eso que estamos en esta lucha”.
El llamado de la comunidad otomí Cerro de Tzocohuite es un recordatorio, también, de que aun cuando en este sexenio se ralentizó el ritmo frenético de entrega de concesiones mineras que se había generado en la década previa y aun cuando se impulsaron reformas relevantes a la Ley Minera (que tristemente, puede anticiparse, serán declaradas inconstitucionales por el desaseado proceso legislativo que impulsó la mayoría en el Congreso de la Unión), en muchos territorios del país donde tienen su asiento pueblos originarios continúan todavía concesionados. Por ello, no ha perdido vigencia la estrategia de impugnar judicialmente la entrega de estos títulos a empresas, mediante el hoy muy vilipendiado juicio de amparo. Esta táctica hace ya mucho tiempo se utilizó en la Montaña de Guerrero la Comunidad Me’phaa San Miguel del Progreso, acompañada por el Centro Tlachinollan.
En el marco de la visita a Ciudad de México de los defensores ambientales de la Sierra Norte de Veracruz, fue presentado también en el Centro Prodh el libro La palabra alcanza lejos, del jesuita Alfredo Zepeda, quien ha dedicado los últimos 40 años de su fructífera vida a acompañar a las comunidades otomí, nahua, tepehua de Veracruz e Hidalgo, encarnando la opción de caminar con los más pobres desde una perspectiva que entiende el servicio de la fe como promoción de la justicia y la reconciliación, a partir de una profunda inculturación con los pueblos originarios.
El libro, publicado en su primera edición por Buena Prensa en 2021 y más recientemente reimpreso en 2023 por la Universidad Iberoamericana de Puebla, fue comentado durante la presentación por David Fernández SJ y la doctora Verónica Kugel.
El texto contiene la crónica de cómo las comunidades de la Sierra Norte resisten un entorno adverso con sus luchas, pero también con sus fiestas, su trabajo colectivo, sus asambleas, su cuidado del territorio y sus espiritualidades diversas; es decir, mediante el ejercicio cotidiano de la comunalidad.
Así, en el texto se habla de asambleas, “donde el que mejor opina es el que mejor sabe escuchar” (p. 126); de fiestas, porque las resistencias indígenas son ese “estar dispersos y juntos, bajo la agresión criminal y en la alegría inalienable” (p. 41); del trabajo en el campo, recordándosenos que “nadie siembra solo” (p. 35); de la migración hacia los Estados Unidos, que muestra cómo “la comunidad puede recrearse en el exilio” (p. 137); de la trayectoria de Radio Huayacocotla, con esa enorme responsabilidad que implica el que, como se relata, en la región sea común que se diga “así es porque ya lo dijeron en la Radio Huaya” (p. 165); de la memoria de jesuitas que vivieron con profundidad y libertad la opción de estar del lado de los descartados, como Luis del Valle o Enrique Gutiérrez Martín del Campo, y de los empeños y sueños de todo un equipo de hombres y mujeres, laicos y religiosos, creyentes y no creyentes, mestizos e indígenas —nahuas, otomíes y tepehuas—, porque como se dice en el texto “un buen equipo hace un buen proyecto” (pág. 163).
La palabra alcanza lejos, volumen editado por Ramón Vera Herrera e ilustrado por fotografías que recrean la belleza de la Sierra y la dignidad de su gente, es también un testimonio de la generosa vida de Alfredo Zepeda. En tiempos de ausencia y pérdida de referentes, en tiempos donde las redes sociales crean el espejismo narcisista de que las luchas pueden ser individuales, en tiempos en fin de discursos huecos, los testimonios como este son inspiradores y necesarios, pues nos recuerdan la relevancia del acompañamiento sostenido, prolongado, comprometido, en terreno, desde las periferias, mostrando que aún hay quienes aúnan palabra y vida en un todo consistente. Y es que sin duda la esperanza se nutre al escuchar la palabra de quienes, como lo dice Alfredo Zepeda refiriéndose a otros compañeros en una formulación que es enteramente aplicable a su persona, han optado “por el acompañamiento paciente y humilde en los procesos de resistencia y dignificación de los últimos de la fila” (pág. 199).
La defensa del territorio de la comunidad otomí Cerro de Tzocohuite, el servicio de Radio Huaya —hoy temporalmente afectado por un percance de su antena— y el testimonio de vida de Alfredo Zepeda SJ plasmado en La palabra alcanza lejos son expresiones de la digna resistencia indígena en la Sierra Norte de Veracruz. Una muestra de que el México indígena sigue organizándose y movilizándose, con la paciencia, la determinación y la sabiduría de quienes han cultivado por siglos el arte de la resistencia.

La palabra alcanza lejos: resistencias indígenas en la Sierra Norte de Veracruz

A lo largo de 2023, el Ejército y la Marina recibieron 486 agresiones de grupos del crimen organizado, según datos del gobierno federal.
En 2019 fueron 291 los ataques; en 2020, 446; en 2021, 369, y en 2022 llegaron a 409. De 2019 a 2023 el crecimiento de los ataques fue del 67 por ciento. El 2023 ha sido el año que los militares han recibido el mayor número de agresiones en lo que va del sexenio, antes había sido en 2020.
La estrategia de seguridad diseñada por el presidente López Obrador, que se sintetiza en “abrazos y no balazos” y no “usar la fuerza pública porque genera más violencia”, abre el espacio para mayores agresiones a los militares.
Los ataques contra las Fuerzas Armadas son, en su gran mayoría, de grupos del crimen organizado, pero también los hay de parte de la población civil, que, la más de las veces, forma parte de la base social de los grupos del crimen organizado, quienes rechazan la presencia de los efectivos miliares en sus comunidades.
Militares de alto rango con los que me he entrevistado manifiestan su desacuerdo con la estrategia de seguridad del presidente, que les impide enfrentar a los grupos del crimen organizado.
Señalan que los responsables de las regiones y zonas militares ven cómo el crimen organizado avanza en su control del territorio. Tienen prohibido actuar y para hacerlo requieren de permiso especial.
Las Fuerzas Armadas son omisas como parte de la estrategia diseñada y animada por el comandante en jefe a pesar del malestar que existe en amplios sectores de los efectivos militares y navales.
A estos datos se suman los policías que han sido asesinados que en lo que va de la presente administración; son ya 2 mil 230, según la organización Causa en Común.
En 2019, ya en el gobierno del presidente López Obrador, fueron asesinados 446 policías; en 2020, en plena pandemia del Covid-19, 524; en 2021, 401; en 2022, 408 y en 2023, 412.
Las tres principales causas del asesinato de los policías son ejecuciones, emboscadas y enfrentamientos. Y quienes las realizan son en la gran mayoría de los casos grupos del crimen organizado.
Para Causa en Común, el incremento del presupuesto a las Fuerzas Armadas ha ido en detrimento del presupuesto que se otorga a las policías estatales y municipales. Prueba de esto es la eliminación del subsidio federal de apoyo a municipios y la reducción del fondo de apoyo a los estados, que en cada uno de estos suman miles de millones de pesos.
El Proyecto Azul Cobalto, que dirige Daniel Gómez-Tagle, ha documentado que a los policías no se les dota del equipamiento que necesitan para su tarea.
Se le da, por ejemplo, fusiles de asalto a quienes realizan tareas de vigilancia en la ciudad, cuando se sabe que para una tarea de estas características lo que se necesitan son pistolas.
Los grupos del crimen organizado mantienen un ataque constante a las Fuerzas Armadas y a las policías municipales y estatales. Saben que por su acción del gobierno federal recibirán “abrazos y no balazos”.

Al Ejército le dan balazos y no abrazos

Redacción

La pesca ilegal en México es uno de los principales problemas para la salud del océano y la subsistencia del sector pesquero. Pescadores industriales y artesanales se quejan de lo mismo y tienen razón. Esta actividad disminuye la abundancia en los mares, daña ecosistemas y rompe con procesos biológicos como la reproducción de algunas especies. También genera una competencia desleal que perjudica a las y los pescadores legales.
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) calcula que la pesca ilegal representa 40 por ciento del total de captura en el país. Aun reconociendo la magnitud de este problema, el Estado mexicano ha hecho muy poco por combatirla.
En 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evaluó el desempeño de la Conapesca sobre su programa de combate a la pesca ilegal y llegó a la conclusión de que este era ineficaz, que carecía de una estrategia y eran solamente acciones aisladas.
En Oceana quisimos saber qué tanto avanzamos en la última década. A través de solicitudes de acceso a la información y análisis de la información pública, identificamos que no solo no avanzamos en los últimos años, sino que tuvimos un retroceso.
Los oficiales federales de pesca, encargados de realizar acciones de inspección y vigilancia en mar y tierra, disminuyeron de 180 a 160. Los recorridos en tierra y mar cayeron 75 por ciento y las detenciones de personas pescando de manera ilegal cayeron 95 por ciento.
Desde 2015 se identifica poca eficacia en la política de combate a la pesca ilegal ya que, del total de captura pesquera reportada, se retiene menos del uno por ciento. Si reconocemos que el 40 por ciento de la pesca es ilegal, ¿dónde queda el 30 por ciento restante? Es claro que existe un contexto de impunidad donde los pescadores ilegales realizan su actividad sin sanciones.
En nuestro estudio identificamos que, del total de captura legal reportada anualmente, al menos el 22 por ciento se obtiene de manera ilegal, ya sea porque se pescó sin permiso, en veda, en zonas prohibidas, se usaron artes de pesca no permitidas o algún otro supuesto de ilegalidad. Es decir, sucede un fenómeno llamado “lavado de pescado”, en el que el producto pesquero ilegal entra a la cadena de valor falsificando información y se vende como si fuera legal.
La pesca ilegal es un problema apremiante, con efectos negativos fuertes para la salud del océano y el bienestar de familias de pescadores. En Oceana construimos una serie de propuestas de política pública que la siguiente administración puede poner en marcha.
Es importante señalar que se necesita incluir al sector pesquero en esta discusión y crear las condiciones para implementar una estrategia de combate a la pesca ilegal que atienda las acciones de pesca ilegal más nocivas para el océano y los pescadores (pesca en veda, en zonas prohibidas, en áreas naturales protegidas, sobre especies protegidas, con artes de pesca no permitidos y sin permiso).
Esta estrategia deberá contar con objetivos específicos y medibles que permita guiar las acciones de las autoridades correspondientes y generar mecanismos de coordinación que permitan que la Conapesca lidere adecuadamente las acciones de combate a la pesca ilegal de la mano de la Marina, CONANP, Profepa, los gobiernos estatales y los pescadores.
Existe una ruta clara para revertir el daño de la pesca ilegal, se requiere de la voluntad de quien llegue a la presidencia de México.

Pesca ilegal en México, un problema nacional

Federico Escamilla

El descenso de la violencia homicida que se habría registrado en abril se revirtió en mayo. El mes cerró con un promedio de 96 asesinatos diarios, un incremento respecto a los 93 diarios del mes pasado. Con ello el primer semestre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cierra como el de más violento registrado: 17 mil 500 personas asesinadas.
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Los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que en mayo se registraron 2 mil 903 víctimas de homicidio doloso y  76 de feminicidio, para un total de 2 mil 979 personas asesinadas. Ello equivale a un promedio diario de 96 casos diarios.
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Leer: Abril, el primer mes del gobierno de AMLO en que se reducen los homicidios; bajan 3%
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El saldo interior impidió que por segundo mes consecutivo se registrara un descenso en la violencia, luego de que en abril se contabilizara un promedio diario de 93  casos, que en ese momento era una disminución respecto a los 94 asesinados diarios de marzo.
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Los 2 mil 979 homicidios y feminicidios de mayo es el total mensual más alto de victimas en lo que va del sexenio. No obstante, febrero sigue siendo el mes más violento pues si bien se registraron 2 mil 877 víctimas, ellas se repartieron en solo 28 días, lo que representó un promedio diario de 102 personas asesinadas.
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Cabe señalar que, en comparación con mayo de 2018, en donde se registraron 2 mil 975 víctimas de homicidio, lo registrado en mayo de 2019 es ligeramente superior, aunque tomando en cuenta el factor población la tasa mensual fue prácticamente la misma: 2.3 casos por cien mil habitantes.
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Nota Animal Político