Tras los ataques de violencia política de genero registrados en el periodo de campañas, diputadas del Congreso de Hidalgo subieron a la tribuna para declararse “hasta la madre” de que haya quienes quieran frenar sus derechos político electorales.
El posicionamiento fue inscrito por las diputadas de Encuentro Social Hidalgo (PESH), Viridiana Jajaira Aceves Calva, y la independiente afín a Morena, Areli Rubí Miranda Ayala.
Durante la lectura, las legisladoras presentes en la sesión subieron a tribuna para respaldar el posicionamiento.
En éste, Aceves Calva señaló que, aunque actualmente es reconocida la paridad de género, en la distribución de candidaturas de este proceso en Hidalgo, la violencia contra la mujer en todo el estado es avasallante e indignante.
Calificó de repulsivo que haya candidatas que han sido expuestas en su intimidad, dijo en relación al cado de la aspirante a regidora de Actopan por el partido local Podemos, Carlynn Houghton Hernández, de quien se filtraron imágenes.
También aludió el caso de la candidata del PRI, Erika Saab Lara, a quien le colgaron una manta y le dejaron un recado con amenazas, en la puerta de su casa de campaña, entre otros casos.
“No podemos callarnos, por el contrario, debemos unirnos sin distingo de partidos, ni de colores”.
La legisladora del PESH afirmó que aquellos que buscan sobajar la participación política de las mujeres pierden su tiempo, pues cada vejación será motivo de lucha, no solo de las candidatas, sino de todas las mujeres que estamos con ellas: “Si lastimas a una nos lastimas a todas”.
Tras el pronunciamiento, el presidente de la comisión de Seguridad Víctor Osmid Guerrero Trejo, rindió un informe sobre las iniciativas para tipificar penalmente la violencia de género en su modalidad digital.
A esto, la diputada de Morena, Lucero Ambrocio Cruz, y la legisladora Arely Rubí, hicieron un reclamo al legislador de Hidalgo, a fin de que la comisión
Emmanuel Rincón
La diputada suplente del distrito de Tizayuca, Margarita Evelyn Leonel Cruz, fue la encargada de realizar la lectura del dictamen en el que advirtió que, de incurrir en actos indebidos, los concejales pueden hacerse acreedores a una multa de entre 200 a 400 veces la Unidad de Medida y Actualización, a sanciones penales de dos hasta nueve años de prisión.
