El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó hoy a las Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de seguridad pública, a partir de mañana y hasta el 27 de marzo de 2024, casi hasta el final de su sexenio.
El Ejército y la Armada deberán realizar dichas tareas de “manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria a la Guardia Nacional”, la corporación civil creada en 2019 para tareas de seguridad, integrada por elementos de la Policía Militar y la extinta Policía Federal.
“Si bien el 27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública, requiere de un período de implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo”, se explica en el Acuerdo publicado hoy.
“La seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, por lo que resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado”.
A diferencia de los dos sexenios anteriores, cuando la intervención militar en seguridad pública se dio más bien en los hechos y por necesidades del momento, la orden de López Obrador tiene sustento expreso en un artículo de la Constitución.
Se trata del artículo quinto transitorio de la reforma Constitucional de marzo de 2019 que creó a la Guardia Nacional, que establece:
“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
López Obrador esperó casi 14 meses para usar la facultad que le confirió este transitorio, y detalló que los gastos que ocasione la intervención del Ejército deberán ser pagados por la dependencia a la que presten apoyo.
Soldados y marinos podrán ejercer doce atribuciones previstas en la Ley de la Guardia Nacional, que son casi idénticas a las que tenía la Policía Federal.
Si bien la GN está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional ha asumido gastos millonarios para equiparla, incluidas todas las compras de vehículos, materiales para uniformes, construcción de cuarteles y otros que han sido con cargo al presupuesto de el Ejército.
Víctor Fuentes
Agencia Reforma
