Congreso de Hidalgo aprueba la Ley de Amnistía estatal
 
Hace (45) meses
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Congreso de Hidalgo aprueba la Ley de Amnistía estatal
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La iniciativa de la Ley de Amnistía Estatal, ingresada por el gobernador Omar Fayad Meneses al Congreso local, fue aprobada en sesión presencial de la LXIV Legislatura.

La propuesta fue aceptada con 27 votos a favor, 3, en contra y ninguna abstención.

Con el voto en contra de la bancada del partido Acción Nacional (PAN). El coordinador de los diputados panistas, Asael Hernández Cerón, criticó que esta ley abre la puerta a la despenalización del aborto, además de que consideró que se debe estar del lado de las víctimas.

Su compañera de bancada, Claudia Lilia Luna Islas también criticó que de cinco delitos que contempla la amnistía actualmente sólo en dos casos hay presos en centros de Readaptación Social (Cereso) estatales.

“No hay nadie por aborto, nadie por sedición, en la última reunión se informó que no hay nadie por robo simple”, por lo que cuestionó que no debían ser incluidos.

En el caso de delitos contra la salud, dijo que se tiene identificados apenas 20 casos, mientras que de población indígena 227, de quienes cuestionó que “quién dice que esas 227 personas son personas buenas, sólo sé que no tuvieron a lo mejor traductor y de manera vaga”.

También cuestionó que la ley no contempla quién integrará la comisión que evaluara cada caso para dar amnistía, punto que- adelantó- será incluido en el reglamento de la ley, mismo que será facultad del poder ejecutivo.

Por su parte, en favor del dictamen se pronunció el presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, Víctor Osmid Guerrero Trejo, quien señaló que la ley pretende beneficiar principalmente a población indígena que careció de su derecho a un traductor y que enfrenta cargos menores.

El dictamen fue aprobado con 27 voto a favor y tres en contra. La ley de amnistía estatal se integra de nueve artículos.

La nueva ley

La nueva ley en Hidalgo, que tiene como objetivo principal descongestionar las prisiones estatales, beneficia a quienes cometieron ilícitos como aborto y contra la salud, en los cuales las autoridades del fuero común tengan competencia en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud.

Asimismo, faltas cometidas por personas pertenecientes a comunidades indígenas, quienes durante su proceso no hayan tenido intérpretes o defensores en su propia lengua.

Las personas que se encuentran prófugas de la justicia por los delitos mencionados también podrán ser beneficiadas por la Ley de Amnistía.

“Esta propuesta va en la misma línea de la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de corregir la injusticia contra los grupos vulnerables, lo que ha provocado que mujeres, jóvenes e indígenas estén en prisión por delitos menores, ya sea del ámbito federal o local”, dijo Omar Fayad, el 20 de abril cuando ingresó la iniciativa.

Redacción

 

Habrá autoridades electas en los 84 ayuntamientos de Hidalgo y nuevos diputados locales en Coahuila este año, garantizó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, con lo que descartó la posibilidad de que los comicios se empaten con los de 2021.

Al participar en el panel Retos y desafíos ante la reanudación del Proceso Electoral del Estado de Hidalgo 2019-2020, el funcionario aseveró que había “voces” que insistían en realizar las votaciones el próximo año; sin embargo, explicó que eso implicaría “abrir una crisis de gobernabilidad en ambos estados”.

El 1 de abril pasado, debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, el Consejo General del INE suspendió los comicios locales en ambas entidades, cuando faltaban 66 días de proceso, pues la jornada comicial estaba prevista para el 7 de junio.

Actualmente, señaló Lorenzo Córdova Vianello, había tres fechas propuestas para retomar las actividades electorales: el 22 de junio, que ya expiró; el 29 de junio, que se puede confirmar o descartar hoy, y el 12 de julio.

En los tres escenarios, agregó el consejero presidente, se añadieron cuatro días como “válvula de seguridad”. Esto, ante la posibilidad de que ciudadanos que ya se habían comprometido a participar como funcionarios de casilla declinen por temor al virus SARS-CoV-2.

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