Acusan a INEGI de obligar a firmar nuevo contrato para no pagar quincena

Acusan al INEGI de obligar a firmar nuevo contrato para no pagar quincena

Trabajadores eventuales que formaron parte de la estructura de Verificación del Censo de Población y Vivienda 2020, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se manifestaron en la Coordinación de Zona, luego de que este viernes fueron citados para firmar nuevos contratos con fechas de terminación 3 y 7 de abril, pese a que el original vencía el 17 de abril.

Advirtieron que de esta manera el INEGI busca prescindir de sus servicios sin pagar la última de tres quincenas estipuladas cuando fueron contratados y que representan un monto global de 10 mil 500 pesos.

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En entrevista, detallaron que en Tulancingo la estructura del Censo INEGI 2020 estaba conformada por 60 verificadores y supervisores, cantidad similar a la que operó en el resto de municipios de la región y la zona Otomí-Tepehua.

Tras acusar al INEGI de aprovechar la emergencia sanitaria por coronavirus que enfrenta el país para deslindarse de la obligación contraída con el personal eventual, preguntaron cuál será el uso que dará la institución al recurso previamente presupuestado para el pago de la tercera quincena.

“Las actividades de verificación se suspendieron a partir del 31 de marzo como parte de la estrategia para contener la emergencia sanitaria, pero antes se hizo un llamado previo al INEGI y lejos de acatar la disposición, ordenó la salida a campo de los verificadores desde el 20 de marzo, incluidos los días inhábiles 21 y 22, para avanzar”.

Luego de demostrar que el contrato para verificadores y supervisores tiene vigencia del 20 de marzo al 17 de abril, definieron como injusto y violatorio a sus derechos laborales, que el INEGI haya decidido recortar los días estipulados en el documento original para elaborar otro modo, el cual, advirtieron, no van a firmar.

DATOS

El personal eventual de la Coordinación de Verificación de Zona, con sede en el Centro Cultural “Ricardo Garibay”, turnará un escrito al Gobierno de la República y al Congreso de la Unión, en el que solicitarán que intercedan y “pongan fin a este atropello”.

Comentaron que, si bien, solo en Tulancingo son 60 afectados directos, existen por lo menos 240 indirectos que integran sus respectivas familias y a las que difícilmente podrán sacar avante ante las repercusiones económicas de la pandemia por Covid 19.

María Antonieta Islas

 

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