Hablar de saneamiento de ríos es una de las acciones más comunes entre comunidades cercanas a los causes de afluentes contaminados que producen impactos negativos al ambiente y a la salud.
A lo largo del país es fácil encontrar ríos, lagunas y, en ocasiones, presas contaminadas, que podrían representar una opción de desarrollo, pero se han convertido en un problema para las personas y el ambiente.
En algunos casos, la contaminación de los ríos obedece a malas prácticas de la industria, como en el caso de la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora por parte de la empresa Minera México.
La Semarnat ha encontrado en la gente que vive en las riberas de los ríos contaminados, reclamos y demandas legítimas que enarbolan la salud, el ambiente, el derecho a la vida como argumento principal en la exigencia de saneamiento de ríos, de lagos, lagunas y presas.
Ya en el año de 1984, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el estudio: La contaminación de los ríos y sus efectos en las áreas costeras y el mar, de Jairo Escobar, señala que “En condiciones “normales”, es decir, sin contaminación ni interrupciones de flujo por construcción de represas, los ríos son “responsables” del ingreso a las áreas costeras de cargas importantes de nutrientes y de sedimentos ricos en materia orgánica”.
Esto deja en claro que las políticas nacionales en torno a los ríos, van más allá de la demanda de saneamiento por el entorno mismo del río, sino que, de él, de su saneamiento y conservación depende la estabilidad del ecosistema marino y los muchos beneficios que obtenemos de él.
Pero no solo eso, también existen estudios que demuestran la forma en que el deterioro ambiental de los afluentes daña la salud de los habitantes de la zona.
En mayo de 2018, se llevó a cabo el “estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos” por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Ese estudio buscó abordar, con una perspectiva de derechos humanos, el tema del agua, su disponibilidad y su deterioro en los ríos, lagos y acuíferos buscando “evaluar las implicaciones de la contaminación y sobreexplotación de las aguas continentales superficiales y subterráneas”.
En él señalaban que “uno de los problemas de los ríos, cuerpos de agua, aguas subterráneas y zonas costeras del país es la contaminación de los mismos, por las descargas de aguas residuales”.
Pero, además, también se reconoce que “el agua y los ríos son elementos de la naturaleza y contribuyen a establecer las características de los climas, que modelan el paisaje, los valles, las playas y alimentan la vida que de ellos depende”.
Con ello, van más allá de cualquier visión en torno a los ríos, lo colocan en el punto de que su permanencia está directamente vinculada al bienestar de los ecosistemas y de las comunidades que de ellos dependen.
Dejan en claro que el deterioro y la destrucción de estos, implica la violación de derechos humanos fundamentales sostenida en el tiempo, por lo que las acciones de restauración representan también, la oportunidad de restituir esos derechos humanos que han sido afectados.
En el caso de Hidalgo, hay ríos contaminados y presas que generan problemas de este tipo, y por los lugares en los que se ubican, generan impactos negativos en los mantos acuíferos, por ejemplo, la presa el Manantial en el municipio de Tizayuca y la presa Endhó en los municipios de Tula y Tepetitlán.
El río Tula se encuentra contaminado por descargas de aguas residuales provenientes de la Ciudad de México, el Estado de México y el propio estado de Hidalgo.
En algunos otros municipios de la entidad se habla de arroyos y pequeños ríos contaminados, en los que se descargan diferentes tipos de residuos provenientes de actividades económicas desarrolladas por empresas.
Por estas razones, escucha que recientemente la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores González, hizo referencia a las actividades de saneamiento del río Atoyac al convenio que para ello realizaron los gobiernos de Puebla y Tlaxcala.
Explicaba la secretaria Albores que el convenio y las acciones de saneamiento permitirán impactar positivamente en el ambiente y la salud de los habitantes en las zonas aledañas a ese cauce.
Señaló además que “la suma de esfuerzos consolidada en este acuerdo es muy significativa, pues sienta las bases para poner fin a un largo proceso de degradación ecológica”.
Encontrar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lleva a cabo la firma de un convenio para el rescate y saneamiento de un río, como el Atoyac, representa una gran oportunidad para los demás afluentes del país.
La misma secretaria Albores González consideró, durante la realización del evento, que “este acuerdo podría generar un modelo de saneamiento que sirva de referencia para rescatar otros ríos en diversas cuencas del país”.
Esta es una buena declaración para los ríos del país, para aquellos que por actividades económicas o por descargas urbanas han sido deteriorados y destruidos.
Buena porque valdría la pena apostarle a que se construya un modelo de saneamiento, que pudiera, no solo replicarse, sino enriquecerse con las actividades de restauración de otros ríos.
En el caso de Hidalgo, valdría la pena que el gobierno de la entidad iniciará un proceso por el cual se concertara la participación de la Ciudad de México, el estado de México y el propio estado de Hidalgo en un proceso que nos permitiera, en esa misma tesitura que expresa la secretaria de medio ambiente, poder iniciar el rescate del río Tula y la presa Endho.
Durante muchos años, hemos señalado que las aguas residuales que llegan a Hidalgo, vulneran los derechos de los habitantes de una amplia zona de la entidad.
Los vulneran porque de las aguas residuales según estudios realizados en la década de los años 90 del siglo XX, se determinó que muchas de las enfermedades de la región estaban directamente relacionadas con las aguas residuales.
Así que bienvenida la declaración de la secretaria de Medio Ambiente.