Perseguidos por su fe

En los últimos dos meses, el municipio Huejutla ha sido escenario de un preocupante aumento en la intolerancia religiosa, una situación que ha captado la atención de la opinión pública y de medios de comunicación como mi casa editorial, Criterio Hidalgo, que ha seguido de cerca estos lamentables acontecimientos. Esta problemática, más allá de ser un mero conflicto local, refleja una crisis de valores fundamentales que amenaza con desestabilizar la armonía y la convivencia pacífica de la comunidad.

Según la nota publicada por Criterio Hidalgo, 172 evangélicos pertenecientes a la iglesia La Gran Comisión fueron desplazados de sus hogares en Coamila y Rancho Viejo. Desde el 29 de abril, estas personas viven en el auditorio de la colonia Colalambre, en Huejutla, enfrentando condiciones de vida inhumanas y una profunda incertidumbre sobre su futuro. Los representantes de dichas localidades les han ofrecido regresar a sus viviendas bajo la condición de pagar una multa de 150 mil pesos y renunciar a su fe, una demanda que atenta contra sus derechos humanos más básicos.

Esta situación no es nueva. Desde 2015, los evangélicos han sido objeto de acoso por parte de la mayoría católica de las comunidades. Nicolás Hernández Solórzano, vecino de Coamila, señaló que el delegado José Salazar Hernández, incitado por el líder político local Diego Hernández, ha promovido activamente la represión contra esta minoría religiosa. Desde 2018, a los hijos de estas familias se les ha negado el derecho a la educación, y en 2019, comenzaron a ser despojados de sus tierras y parcelas. La situación se agravó el 25 de abril pasado, cuando cercaron el templo y las casas de los evangélicos, cortándoles la luz y obligándolos a abandonar Coamila para evitar ser encerrados.

Además, otra nota de Criterio Hidalgo destaca que alrededor de 60 niños de estas comunidades rurales indígenas se enfrentan a la imposibilidad de asistir a la escuela debido a la religión que profesan sus padres. Este tipo de discriminación no solo viola los derechos de los menores a la educación, sino que también perpetúa un ciclo de intolerancia y exclusión social que es inaceptable en una sociedad moderna.

La Constitución Mexicana, en su artículo 24, no solo protege a los creyentes de cualquier religión, sino también a aquellos que no profesan ninguna. México, con más de 9 mil 558 iglesias registradas ante la Secretaría de Gobernación, es un país que se enorgullece de su pluralidad religiosa. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece claramente que nadie debe ser objeto de discriminación u hostilidad por sus creencias religiosas y que el Estado no puede favorecer o desfavorecer a ninguna religión en particular.

Sin embargo, la realidad en Huejutla contradice estos principios. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) de 2017, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), reveló que casi tres de cada 10 personas que pertenecen a una minoría religiosa consideran que su principal problema es el rechazo, la falta de aceptación, la discriminación y la desigualdad.

Es tiempo de rechazar enérgicamente estas acciones de intolerancia religiosa. No solo minan la convivencia pacífica y el respeto que deben prevalecer en una comunidad, sino que también representan una grave violación de los derechos humanos. El Estado debe intervenir con firmeza para garantizar la protección de estas minorías, asegurando que sus derechos constitucionales sean respetados y que se restablezca la justicia y la paz en Huejutla. La diversidad religiosa es una fortaleza, no una debilidad, y es deber de todos nosotros defenderla con valentía y convicción.