Otro plan para Michoacán. ¿Funcionará esta vez?
El futuro de la estrategia de seguridad del sexenio dependerá, en gran medida, del resultado de este experimento: si Michoacán se pacifica, Claudia Sheinbaum ganará autoridad moral; si no, su proyecto perderá credibilidad…
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el domingo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un programa de 57 mil millones de pesos que busca revertir la violencia, la corrupción y el abandono institucional en el estado. El anuncio llegó pocos días después del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y es una respuesta urgente ante la pérdida del control territorial.
El plan, integrado por 12 ejes y más de 100 acciones, busca abordar las raíces del problema: pobreza, falta de oportunidades y descomposición institucional. Ofrece presencia federal, inversión en infraestructura, programas sociales, justicia indígena y protección a mujeres y jóvenes. Es, según la presidenta, un plan integral y humanista, en el que la paz no se impone con armas, sino con justicia.
Desde 2006, Michoacán ha sido un campo de ensayo: Calderón lanzó el Operativo Conjunto con el Ejército, Peña Nieto presentó su Plan Michoacán con un comisionado federal, López Obrador apostó por la Guardia Nacional y los programas sociales. Ninguno logró devolver la gobernabilidad ni frenar al crimen organizado. Las cifras de homicidios, extorsiones y desapariciones confirman que cada intento fracasó.
El nuevo plan repite algunos patrones —como el despliegue de más de 10 mil 500 soldados y guardias nacionales—, pero incorpora novedades: atención a las víctimas, combate a la extorsión, prevención del reclutamiento infantil y justicia para los pueblos indígenas. También introduce un elemento político inédito: la supervisión quincenal de la propia presidenta y reportes mensuales públicos.
La realidad, sin embargo, es compleja. Michoacán enfrenta un colapso municipal: alcaldes amenazados, policías infiltradas, comunidades que ya no reconocen a la autoridad estatal. Sin una depuración profunda, los recursos terminarán en manos de quienes alimentan la violencia.
No está claro si los fondos son nuevos o reasignados. El historial de corrupción en obras públicas y programas sociales es largo. La delincuencia sabe infiltrarse en contratos, en alcaldías y en cooperativas rurales. Aun así, el plan tiene virtudes: intenta reconstruir el tejido social e invertir en salud, educación, empleo y cultura.
Muchos críticos sostienen que el plan se diseñó con premura, como una reacción acelerada al asesinato de Manzo más que como una estrategia anticipada. Al nacer de la urgencia y no de la planeación, corre el riesgo de repetir el ciclo de improvisaciones que hundió planes anteriores. La presidenta apostó su propio capital político en esta apuesta; su seguimiento quincenal también será una rendición de cuentas personal. Si falla, el costo no será solo para Michoacán, sino también para el proyecto nacional que busca construir desde el discurso de la paz con justicia.
Michoacán vuelve a ser el laboratorio de la paz. La pregunta, como siempre, es si el gobierno aprendió de sus errores o si la violencia volverá a demostrar que los planes cambian, pero las causas siguen intactas. El futuro de la estrategia de seguridad del sexenio dependerá, en gran medida, del resultado de este experimento: si Michoacán se pacifica, Claudia Sheinbaum ganará autoridad moral; si no, su proyecto perderá credibilidad.
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