Se habla también de una reducción del gasto para la organización de los procesos electorales federales y locales y para el financiamiento público de los partidos políticos en el orden de un 25 por ciento

Luego de todo el intenso debate público que generó la presentación de los 10 puntos que contiene la propuesta presidencial de reforma constitucional en materia político-electoral, vale la pena hacer algunas reflexiones, a partir de lo ya difundido.
En primer lugar, es importante tener en cuenta que lo presentado es un decálogo de los puntos más importantes que se pretenden modificar del sistema de elecciones, política y democracia en México, donde versan temas como una nueva propuesta metodológica para elegir a los 200 lugares de representación proporcional de la Cámara de Diputados.
Asimismo, de lo más relevante políticamente es la reducción de 32 escaños en el Senado, con la eliminación de la llamada “Lista Nacional”. Es decir, la propuesta pretende que únicamente exista representación directa de cada entidad de la República en la llamada Cámara Alta, con la mayoría relativa y la primera minoría, eliminando por completo su representación proporcional.
Se habla también de una reducción del gasto para la organización de los procesos electorales federales y locales y para el financiamiento público de los partidos políticos en el orden de un 25 por ciento, aunque aún no se determina cómo y de qué manera específicamente.
Otro de los temas más relevantes es una modificación sustancial al método a través del cual se hace la sumatoria de los votos de una elección, los llamados cómputos electorales, ya que se pretende que estos inicien la misma noche de la elección y no hasta el miércoles siguiente, como lo hemos venido realizando en México en las últimas décadas con resultados favorables.
De todo esto, las conclusiones no pueden llegar sin antes leer la propia iniciativa de reforma y su exposición de motivos, donde se plasman las razones por las cuales se impulsan estas modificaciones, pero particularmente es importante lo que puede venir después de aprobarse una reforma constitucional, que es la consecuente reforma legal, es decir la armonización de la legislación secundaria en materia electoral que señalará expresamente el cómo materializar lo que se modifique en la Constitución.
Se informó en esta presentación que será el lunes 2 de marzo cuando la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, envíe al Congreso de la Unión la iniciativa formalmente. Una vez en el Poder Legislativo federal, se podrá conocer exactamente la dimensión de la propuesta de reforma, ya que, en un sistema electoral como el mexicano, una modificación puede tener impacto en muchas más actividades sustantivas. A esperar.
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