Justicia exprés para Manzo, impunidad eterna para los demás
El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, es otro episodio de violencia contra autoridades municipales, pero con una diferencia: la rapidez con que supuestamente quedó resuelto.
El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, es otro episodio de violencia contra autoridades municipales, pero con una diferencia: la rapidez con que supuestamente quedó resuelto.
La Fiscalía de Michoacán difundió en horas su versión completa, según la cual el director de la Policía Municipal, Demetrio N, asesinó al joven de 17 años que disparó contra Manzo 13 segundos después del ataque, cuando ya estaba sometido y con la misma pistola con la que mató al funcionario. Siete escoltas de Manzo han sido detenidos y se habla de un complot financiado con 2 millones de pesos por una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esta hipótesis coincide con la realidad de muchas policías municipales infiltradas por el crimen organizado. Lo que genera dudas es la prisa por dar por concluido el caso. Manzo era el gobernante independiente de un municipio de gran importancia económica del país, la llamada Capital Mundial del Aguacate. La presión mediática y pública obligaba a las autoridades estatales y federales a mostrar eficacia inmediata.
Esta “solución exprés” del caso es una anomalía. Según la Envipe 2025 del Inegi, la cifra negra del delito en 2024 llegó al 93.2 por ciento: más de nueve de cada 10 delitos no se denunciaron ni derivaron en una carpeta de investigación. De los pocos casos que sí llegan al Ministerio Público, la mayoría termina en nada. México Evalúa estima que apenas se resuelven siete de cada 100 asuntos que entran a las fiscalías estatales.
En homicidios dolosos, la ONG Impunidad Cero ha registrado índices de impunidad superiores al 90 por ciento a nivel nacional. Lo normal es que los asesinatos no se esclarezcan. En ese contexto, un caso resuelto en tiempo récord, con responsables materiales, intelectuales y móvil económico definidos desde el inicio, parece menos un logro institucional que una excepción hecha a la medida de la crisis política.
La violencia contra presidentes municipales confirma el panorama. Desde 2006 han sido asesinados al menos 212 en ejercicio, electos o expresidentes; 18 en Michoacán. En la mayoría de los casos no hubo detenidos ni sentencias y las investigaciones se fueron apagando con el tiempo: se anunció una investigación, se prometió justicia y luego nadie dio seguimiento.
Aceptar sin más la versión oficial significa ignorar esta realidad. La muerte del joven agresor, a manos de quien debía detenerlo y presentarlo ante un juez, eliminó la fuente de información más directa sobre los autores intelectuales. Se exhibe a un grupo de policías, se menciona a un presunto líder criminal y se despliegan miles de elementos federales, pero lo más probable es que las redes de protección política y económica que sostienen al crimen organizado permanezcan intactas.
La rapidez no garantiza la verdad ni la justicia. En un país con homicidios casi siempre impunes, cualquier “caso resuelto” en horas debe suscitar más preguntas que aplausos. El asesinato de un presidente municipal no se esclarece con conferencias de prensa, sino con investigaciones que lleven a juicio y a la cárcel a gatilleros y policías corruptos, y también a quienes someten a la política local a sus actividades criminales.
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