La narrativa social y cultural del país está cambiando. Por un lado, se da la normalización de la violencia y por otro la aceptación de los hechos criminales como algo que no se puede evitar. Frente a ello, es importante reconocer que la justificación de la violencia es otro de los elementos que hablan de esa transformación.

Hablar de la violencia ejercida por el crimen organizado, es hacerlo de las administraciones anteriores y sus decisiones, si no fuera por ellos, dicen desde la narrativa del poder, el país sería otro, lo que contrasta con la afirmación de que el país está en paz y la gente de México es feliz, muy feliz.

El tratamiento de los hechos criminales ha permitido construir otra narrativa desde el poder, donde se acusa a los jueces de liberar criminales, pero nunca a las fiscalías de la mala integración de las carpetas. Se crea confusión en cuanto a la forma en que se dan los hechos.

Todos podemos decir entonces, desde nuestras filias, que tal o cual bando es culpable de lo que está sucediendo, lo cual, aseguramos, es producto de la corrupción. No se trata de bandos, se trata de transparencia y los fiscales y los jueces están sometidos a ella, necesariamente a ella, a pesar de que la eludan, la eviten.

Perdemos el país pedazo a pedazo, el crimen organizado controla los territorios municipales, asola familias, empresarios y autoridades, pero lo hace en el plano municipal. Ahí es donde se debe de palpar cada día lo que sucede, el tráfico, el sicariato, la extorsión, el secuestro.

El cobro del impuesto criminal para que las empresas continúen operando.

El municipio es el territorio más importante, en él ocurren todos los hechos que son trascendentales para el país, no en el gobierno federal, no en la oficina del ejecutivo federal y/o estatal.

Ocurren en las calles que debe de gobernar un presidente municipal y en el que se deben expresar las decisiones y acciones de los otros dos niveles de gobierno.

Es donde verdaderamente se toca el abandono, la demagogia y la criminalidad. Las muertes y la extorsión; la pobreza y la falta de oportunidades para la gente.

¿Por qué si el crimen organizado ha identificado el territorio municipal como el más importante y designa, en cada uno de ellos, un jefe de plaza y, el gobierno, es incapaz de actuar y desmantelar las estructuras criminales?

El argumento de que es un tema complejo, lleno de aristas y otras cosas difíciles, solo habla de la cobardía con que se conduce la seguridad pública en el país. Expresada en el municipio.

Hay demasiados hechos que estamos dejando de lado para meternos en un discurso banal y barato de políticas y felicidad, donde el pueblo es el objeto de discurso y el centro de la justificación.

La violencia en México, sin lugar a duda, produce ganancia. Ganancia de poder y ganancia económica.

“La historia de la nación —nuestra nación— está atravesada por el crimen. Los contrarios se aproximan en una suerte de confrontación especular que confunde las identidades” dice Marta Torres Falcón, de la UAM-Azcapotzalco, en su artículo “Nación criminal. Narrativas del crimen organizado en México”

El artículo, escrito en 2015, parece que se escribió apenas en este momento, donde los impuestos criminales y la extorsión, se han vuelto un mecanismo para que las empresas sigan operando, Michoacán es el ejemplo más claro de este fenómeno.

Lo vemos con los productores de aguacates, con las empresas que dan el servicio de internet y últimamente con las gasolineras, donde queda al descubierto que se le tiene que pagar a dos grupos criminales por la venta de combustible.

En ese mismo sentido, Salvador Maldonado Aranda, investigador del Colegio Michoacán afirma que “entre Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Querétaro y Guanajuato se conforma una macro región que ha generado una economía ilegal del llamado huachicol, extremadamente atractiva por sus jugosas ganancias”.

En su artículo Crimen organizado y políticas de seguridad en México: balance presexenal (2018-2024), “una de las conclusiones que puede obtenerse de ello es que, en las diversas y a veces contrastantes manifestaciones nacionales y regionales, el crimen organizado parece reordenarse mucho mejor desde su encuentro con el Estado”.

Inmediatamente, afirma, “es muy difícil que los grupos delictivos permanezcan relativamente estables sin intermediarios gubernamentales y empresariales o civiles”.

El caso más asombros se da en la frontera de Tamaulipas, donde el crimen organizado ha empezado a cobrar “el derecho a la sombra”. El crimen organizado está contabilizando los árboles en los predios de cada familia y ha dictado una sentencia. “Pagas por tener ese árbol o lo derribas y si no, habrá consecuencias”.

Un país, entregado en charola de plata al crimen organizado, que tiende y aprieta sus garras contra todo y contra todos.

Un país que se llena de temor y de silencio frente a la cobardía disfrazada de humanismo de quienes gobiernan y, entienden el abandono, como la mejor estrategia de seguridad.

Cobardía y humillación del Estado mexicano.