La semana pasada, desde Palacio Nacional, se filtró el número de teléfono de una periodista de The New York Times, medio de comunicación internacional que investiga los presuntos nexos de López Obrador durante su primera campaña a la presidencia de la República con presuntos financiamientos por el narcotráfico.

Esa fue la respuesta del titular del Ejecutivo federal, quien indicó que no tendría reparo en volver a filtrar datos personales no públicos, siempre que “la dignidad del presidente” se viera vulnerada.

Lo que López Obrador hizo la semana pasada es una violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LFPDPSO), algo grave que ha venido realizando, digamos, desde que asumió el poder.

Esta práctica, la filtración de datos personales —sean números de teléfono, direcciones, correos electrónicos, cualquier dato privado que pudiera atentar contra la seguridad personal e informática de las personas— es conocida como doxing.

Se trata de un tipo de acoso en el que cualquier persona puede filtrar datos privados, como los mencionados en el párrafo anterior. Su nombre deriva del inglés docs, apócope en ese idioma de documents (documentos), en referencia a los datos que pueden contener algunos papeles.

Ha sido una práctica constante y común e ignorada, a la que sin duda se le debe poner ojo desde los espacios de legislación.

En el anterior proceso electoral (2022), fue filtrado en redes sociales el presunto recibo de luz de los aspirantes del PRI y de Morena a la gubernatura del estado. En ese momento, la candidata de oposición acusó al actual gobernador de haber editado dicho recibo, ya que, según sus señalamientos, la dirección que aparecía en el documento era de él.

Se trató, en ese entonces, de un recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 53 pesos, que supuestamente cobraba el mínimo para una propiedad grande. En respuesta, fueron filtrados los recibos de ambos candidatos más fuertes, que, claro, contenían sus datos personales, como la supuesta dirección donde radican.

Recae en los medios de comunicación la no difusión de datos personales, porque violar la LFPDPSO, es un delito.

En el caso de la filtración del número de teléfono de la periodista de The New York Times, la respuesta de López Obrador al caso fue: “Que cambie su teléfono y ya”. Así de sencillo, así de fácil, para una acción que él cometió y puso en riesgo cibernético a una persona.

Es bien sabido que los ciberdelincuentes usan esos datos personales para el robo de identidad. Ahora, la tecnología ha avanzado tanto que ya prácticamente es necesario solo contar con el mínimo de datos personales para acceder a préstamos o créditos e incluso a la misma banca electrónica.

Sí, es un riesgo y un delito la difusión de datos personales. Debe legislarse en la materia, aunque ya existen leyes para ello; lo que se debe tomar son acciones. No importando la figura que haya cometido la tropelía de filtrar información que ponga en riesgo a cualquier persona.

Lo cierto es que, desde Palacio Nacional, en el actual sexenio que está terminando, se ha venido realizando una serie de acoso y desacreditación a periodistas. Todo aquel que no esté alineado a las filas del gobierno lopezobradorista está en contra y, aunque sean periodistas respetados y de rigor, se les desacredita.

Incluso, para ello crearon su sección semanal Quién es quién en las mentiras, en las que tratan de desacreditar el trabajo de los comunicadores.

El doxing es otra forma más de acoso para los compañeros del gremio, por lo que debemos exigir que se detenga desde las altas esferas del poder.

SU CINTO: Esperemos que lo que ocurrió la semana pasada en Palacio Nacional no sea el banderazo de salida para autorizar a que se haga lo mismo en las campañas que inician este viernes. Porque si lo hace el que tiene el poder en el país, ¿qué podemos esperar los demás ciudadanos? Ya veremos, dijo el ciego.