En septiembre de 2015 el periódico británico Daily Mail publicó una extensa investigación realizada en Cancún por un experto en ciberseguridad. El diario detectó que al menos 19 cajeros automáticos ubicados en la Riviera Maya habían sido intervenidos con “el hardware de robo de datos más avanzado de la historia”.
Hombres con acento de Europa del este colocaban en el interior de los cajeros un dispositivo que transfería por Bluetooth, hacia un teléfono inteligente, la información de tarjetas de crédito y débito.
Los cajeros intervenidos se hallaban en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, entre otros destinos turísticos, y según la investigación del Daily Mail, estaban vinculados con “una extraña compañía llamada Instacash”.
Brian Krebs, el autor del reportaje, señaló que el dispositivo que permitía dichos ataques costaba solo 550 dólares y podía ser adquirido en línea.
El rastro de Instacash se disolvía en un oscuro entramado de compañías que actuaban como intermediarias. Había entonces en la Riviera Maya 70 máquinas de Instacash.
El periódico creyó que había dado con una de las operaciones de la mafia rusa: un negocio que, en un destino turístico frecuentado por millones de personas cada año, arrojaba ganancias de más de 5 millones de dólares al mes.
Las cuentas de usuarios eran ordeñadas en minutos por personas que tenían acceso a los datos de la cuenta con el simple hecho de acercarse al cajero con un teléfono en la mano y localizar la señal “Free2Move”.
Tras la publicación, algunas máquinas fueron inspeccionadas y luego clausuradas. Pero nada más sucedió.
La prensa siguió reportando casos de ciudadanos extranjeros a los que les robaron información y dinero tras visitar cajeros de la Riviera Maya. En agosto de 2017 el FBI emitió una alerta y compartió con la Policía Federal datos sobre una mafia dedicada a clonar tarjetas y obtener información financiera de los turistas.
Cada cajero realiza en Cancún entre 80 y 200 operaciones diarias.
La semana pasada relaté que la detención en Cancún, solo por unos días, pues un juez los dejó en libertad, de dos ciudadanos de origen rumano, Florian Tudor y Adrián Nicolaé Cosmín, había llamado la atención de agencias de seguridad internacionales. El primero de ellos ha sido investigado en su país por fraude cibernético, robo de información y clonación de tarjetas bancarias.
Un informe de seguridad al que el columnista tuvo acceso refiere que Tudor fue detenido hace años en Roma mientras introducía un chip en un cajero automático. Fue a dar a la cárcel y reapareció en Cancún a fines de la década pasada.
En la Riviera Maya, según el reporte, Tudor armó un ejército de clonadores de origen rumano y ruso. Algunos de estos fueron reclutados en Italia. Hoy se le ubica como uno de los socios principales de Instacash.
El informe afirma que mediante la protección de agentes ministeriales y federales, y de pagos a políticos y militares, la mafia rumana logró establecer un ejército de clonadores que actúa en los principales destinos turísticos de la zona.
Para afianzar su operación, la mafia entró en contacto con el cártel de Sinaloa a través de la zarina de las drogas en Cancún, Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety, y con un grupo de libaneses en cuyos negocios se lava el dinero procedente de las ganancias.
En la actualidad, los rumanos que manejan la clonación de tarjetas y el robo de información han extendido sus actividades, según el reporte, a Tijuana y Cabo San Lucas. No solo eso. El informe señala que se les ha detectado operando en ciudades de 20 estados de la Unión Americana, entre otras, Nueva York, Washington, San Francisco y Nueva Jersey.
Sandu Ioan Laurentiu, uno de sus miembros —detenido en México desde diciembre de 2019—, había sido aprehendido previamente en Las Vegas en poder del hardware de robo de datos que hoy se emplea en Cancún. Laurentiu pasó un año en prisión y fue deportado a su país. No pasó mucho para que la mafia rusa lo atrajera a Cancún.
El reporte consultado señala que entre los contactos de Tudor figura un político de Quintana Roo de apellido Peña. La prensa local lo ha relacionado también en el negocio de los casinos con Jorge Emilio González, el Niño Verde.
A la mafia rumana se atribuyen las presiones que provocaron la remoción, en agosto de 2019, de un delegado de la FGR, así como la feroz campaña desatada en medios, tras su liberación, en contra de funcionarios estatales de seguridad.