El disenso como obligación ciudadana
En el paisaje hidalguense, donde la necesidad de una transición ecológica es inequívoca, llama la atención el silencio de quienes ocupan el poder a la hora del traducir esa urgencia en hechos concretos.
En el paisaje hidalguense, donde la necesidad de una transición ecológica es inequívoca, llama la atención el silencio de quienes ocupan el poder a la hora del traducir esa urgencia en hechos concretos.
La oposición —y hablo desde ella, con plena conciencia de mi papel como observador crítico— no es un extravío, sino un deber ciudadano. No se trata de rechazar por sistema, sino de exigir coherencia, transparencia y resultados reales. En el contexto del estado de Hidalgo, el simple hecho de cuestionar políticas ambientales significa defender el derecho al disenso: un pilar de la democracia, no un obstáculo para el desarrollo.
El gobierno federal, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y sus contrapartes estatales han declarado a Hidalgo como “prioridad ambiental”. Sin embargo, al rascar la superficie de los anuncios y programas, los vacíos se hacen evidentes.
Por ejemplo: la entidad registra actualmente 20 sitios contaminados por emergencias ambientales. Más aún: en 2022 solo 47 de los 84 municipios contaban con una dirección municipal de Medio Ambiente, lo que equivale apenas al 56 por ciento.
Primero, porque defender la naturaleza exige vigilancia. La Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo establece que “los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida compatible con su equilibrio”. Si el aprovechamiento se vuelve puro extractivismo o paliativo superficial, la ley se queda en papel mojado.
Segundo, porque los derechos de las comunidades —a un medio ambiente sano, a la salud, a la toma de decisiones— requieren que alguien pregunte lo que no se está haciendo: evaluación ambiental, rendición, consulta, ejecución. Y tercero, porque la oposición no es contra el medio ambiente: es contra las políticas que lo dicen proteger, pero lo descuidan.
En el discurso, se promueven programas, procesos, grandes anuncios: desde “ordenamientos ecológicos locales” en seis municipios clave de Hidalgo por una inversión de 6 millones de pesos. Suena bien, pero ¿cuál ha sido el ritmo, la cobertura, la participación ciudadana? En la práctica, demasiado se ha quedado en intención y burocracia. Aunado a ello, el registro de veintitantos sitios contaminados no resuelto está ahí como señal de que la política enfrentó, pero no superó, el problema.
La implicación de todo esto es simple: la eficacia ambiental no existe si no se traduce en mejor salud, mejores ecosistemas, menor vulnerabilidad. Y todavía hoy en Hidalgo hay comunidades que experimentan condiciones que se ubican en el extremo opuesto —contaminación, falta de infraestructura ambiental, ausencia de instancias municipales funcionales— mientras el discurso dice “estamos haciéndolo”.
Exigir responsablemente, no negar la urgencia
Quienes estamos en el campo de la opinión —y yo, como periodista y docente, lo hago con determinación— debemos dejar claro que esta crítica no es paranoica ni antagónica por principio.
Es un acto de responsabilidad pública. Porque la transición verde no será verdad si no va acompañada de transparencia, seguimiento y justicia ambiental. La oposición exige que se cumpla la ley, que la participación ciudadana no sea simulada, que los recursos se apliquen y los resultados se midan.
En ese sentido, mi postura es de oposición civil —no de protesta sin causa— ante políticas que, aunque nominalmente “verdes”, resultan débiles frente a los retos. Cuando 37 municipios de Hidalgo no tienen ni una dirección ambiental municipal, eso es un mensaje: la estructura institucional está subdesarrollada. Cuando los sitios contaminados persisten, es un mensaje: se prioriza la inversión mediática sobre la transformación real.
Oponerse es también proponer. Desde las aulas, desde la comunidad, desde el periodismo: se pueden diseñar programas de educación ambiental, se pueden promover auditorías ciudadanas, se puede exigir la restauración ecológica —no solo el anuncio del parque ecológico en Atitalaquia u otros megaproyectos que parecen más emblemáticos que funcionales. El disenso no es obstáculo para el cambio: es un ingrediente indispensable, porque el cambio sin cuestionamiento es dogma; el cuestionamiento sin cambio es impotencia.
Al gobierno estatal y federal les digo: escuchen el disenso. No como ruido que tapa el discurso triunfalista, sino como termómetro vital de lo que no está funcionando. Construyan mecanismos de participación públicos, evalúen y publiquen los avances, midan los impactos reales. A la sociedad hidalguense le digo: ejercer el derecho a la crítica no es ser “contrario por naturaleza”, es ser ciudadano activo. Participar en la consulta, vigilar al municipio, exigir que los anuncios se traduzcan en aire más limpio, ríos restaurados, municipios preparados.
En Hidalgo, la política ambiental no puede seguir siendo una vitrina de promesas sin fundamento. El estado merece algo más que discursos. La democracia merece que el disenso asuma su lugar, que el opositor asuma su responsabilidad.
Porque solo así —con la vigilancia crítica encendida— podremos aspirar a un verdadero desarrollo sustentable, una protección ambiental real y una sociedad que no acepte lo mínimo, lo simbólico, lo insuficiente. Defender la naturaleza, defender la equidad ambiental, defender el derecho al medio ambiente sano, es también defender nuestra propia dignidad como comunidad. Y en ese frente, el disenso no es defecto: es deber.
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