En agosto de 2024, el Estado mexicano presentó ante el Comité de los Derechos del Niño los informes periódicos sexto y séptimo combinados (correspondientes a los últimos 10 años), en los cuales presentó las medidas institucionales y de política implementadas por el Estado mexicano con el propósito de garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos a niñas, niños y adolescentes (NNA).
El Comité de los Derechos del Niño es un grupo de 18 personas expertas, encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y sus Protocolos Facultativos. Posterior a la revisión del comité, este emitió un documento con las observaciones a dichos informes el pasado septiembre de 2024.
Dado que la Convención de Derechos del Niño es un instrumento internacional jurídicamente vinculante, el Estado mexicano —que lo ha ratificado— está obligado a cumplir las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño. Citaremos aquí lo relativo a abuso, negligencia, abuso y explotación sexual.
Al respecto, el comité se dijo seriamente preocupado por la alta prevalencia de la violencia sexual, especialmente la violación, que afecta principalmente a las niñas indígenas, así como del abuso sexual en las escuelas; el abuso sexual perpetrado por personal religioso de la Iglesia católica; la falta de medidas adecuadas de investigación y rendición de cuentas en casos de abuso sexual, explotación y violencia; la insuficiente concienciación sobre los canales de denuncia, el acceso a la justicia, y las medidas de compensación y rehabilitación para las víctimas.
Esas preocupaciones llevaron al Comité a instar al Estado mexicano a implementar programas a largo plazo para abordar las causas fundamentales de la violencia, el abuso y la explotación sexual de NNA; sensibilizar sobre las directrices de la Secretaría de Educación Pública para la prevención del abuso sexual infantil en las escuelas o instituciones educativas y proporcionar apoyo a los maestros, profesionales de la salud y trabajadores sociales para identificar diversas formas de violaciones y derivar a las víctimas.
Del mismo modo, insta a establecer una investigación independiente liderada por el Estado sobre el abuso sexual infantil en la Iglesia católica romana, así como proporcionar canales de denuncia accesibles, confidenciales, amigables para los niños y efectivos y brindar apoyo a los grupos vulnerables de niños indígenas y niños con discapacidades para denunciar la violencia.
Considera necesario promover la denuncia obligatoria de los casos de abuso sexual infantil y asegurar que todos esos casos sean debidamente investigados. Asegurar que las víctimas infantiles de abuso y explotación sexual tengan acceso a apoyo multidisciplinario, incluyendo centros integrales o refugios, con servicios de evaluación médica y terapia enfocada en el trauma.
Y, además, fortalecer los programas de sensibilización y formación, dirigidos a maestros, profesionales de la salud, actores religiosos o basados en la fe, policías, fiscales y jueces sobre la violencia contra los niños y sus aspectos relacionados con el género.
Sin duda, garantizar la seguridad e integridad física, sexual, emocional, psicológica de NNA no es tarea fácil, pero es ineludible; no hay nada más injusto que someter a NNA a violencias, abuso y explotación sexual. Ningún ser humano merece pasar por esas experiencias, menos aún las y los menores.
También cabe resaltar que el comité reconoció los esfuerzos que nuestro país ha realizado, sin embargo, y dado que los derechos son indivisibles e interdependientes, es necesario seguir avanzando con estos compromisos y, también, asumir el reto como colectividad, en donde todos y todas habremos de poner el esfuerzo y el compromiso que nos corresponda para garantizar a NNA una vida libre de violencias.
Nuestro estado enfrenta sus propios desafíos en cuanto a las violencias padecidas por NNA. De acuerdo con lo citado en el documento Ficha Técnica: Infancia y adolescencia en Hidalgo (Redim, enero 2023); en 2021, se atendieron en hospitales de Hidalgo mil 254 personas de cero a 17 años por violencia familiar; el 70.5 por ciento de estos casos correspondían a mujeres (884 en total). Ese año, Hidalgo fue la cuarta entidad con más casos de niñas, niños y adolescentes atendidos en hospitales por violencia familiar. Las víctimas de violencia familiar de cero a 17 años en Hidalgo aumentaron de 849, en 2020, a mil 254, en 2021.
En 2021, fueron atendidas en hospitales de Hidalgo 296 personas de cero a 17 años por violencia sexual; el 87.5 por ciento de estos casos correspondían a mujeres (259 en total). Ese año, Hidalgo fue la decimosegunda entidad con más casos de niñas, niños y adolescentes atendidos en hospitales por violencia sexual. Las víctimas de violencia sexual de cero a 17 años en Hidalgo aumentaron de 130, en 2020, a 296, en 2021.
En 2021, 389 personas de cero a 17 años fueron atendidas en hospitales de Hidalgo por violencia física; 221 de estos casos correspondían a mujeres y 168, a hombres. Ese año, Hidalgo fue la quinta entidad con más casos de niñas, niños y adolescentes atendidos en hospitales por violencia física. Las víctimas de violencia física de cero a 17 años en Hidalgo aumentaron de 196, en 2020, a 389, en 2021.
El reto es nacional, estatal y municipal. La cultura de paz y cero tolerancia a las violencias debe permear en todas las estructuras, ámbitos, relaciones y poner especial atención en este segmento de la población, que es la tercera parte de los mexicanos.
Sigamos hablando de violencias, abuso y explotación sexual infantil. Mantener el tema en la discusión pública ayuda a quitarle ese escudo de intimidad, secreto, ocultamiento que tanto daño ha hecho a muchas víctimas de estos terribles delitos.
¡Recibe las noticias al momento en tu Whatsapp! Únete a nuestro Canal: https://bit.ly/3S0OztH
