Del campo a la mesa: el impacto de la delincuencia en los precios

En la primera quincena de julio los precios de los productos agropecuarios aumentaron 14.33 por ciento a tasa anual, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor elaborado por el Inegi. El incremento de las frutas y verduras fue del 25.69 por ciento. Los precios en loncherías, fondas, taquerías, restaurantes y similares subieron 5.96 por ciento, casi un punto porcentual más que la tasa de inflación general de 4.98 por ciento.

Muchos de estos aumentos se deben a los costos adicionales que por pago a la delincuencia organizada erogaron los productores, transportistas, bodegueros, comerciantes al mayoreo y menudeo de frutas y verduras. Los aumentos en los precios de los vendedores de comida preparada fueron para recuperar lo que debieron darles a los delincuentes que los extorsionaron.

La extorsión es solo un delito que directa o indirectamente afecta a cada uno de nosotros y a la situación económica y social del país. La extorsión y el robo le cuestan al año a las empresas del país unos 6 mil 800 millones de pesos, equivalente a 0.67 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras son alarmantes y reflejan la realidad cotidiana de millones de mexicanos que pagan por trabajar, vender o simplemente vivir en paz. También la de millones más que debemos comprar productos con precios elevados debido a los pagos que los extorsionadores exigen a productores y proveedores de incontables productos y servicios que consumimos.

Varios estudios muestran que la extorsión tiene un efecto directo en la inflación. Uno de ellos señala que aproximadamente el 3 por ciento del incremento en los precios de alimentos, frutas y verduras se debe a la extorsión y el robo. Otro, del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM indica que este delito aumenta hasta en 2 puntos porcentuales a la inflación general. Por eso, todos los mexicanos estamos financiando indirectamente a los criminales cada vez que compramos más caros nuestros productos básicos.

Los sectores más afectados incluyen el comercio, los servicios, la agricultura, el transporte y la manufactura. Los mini y pequeños comerciantes deben pagar cuotas para operar sin represalias, con costos que pueden llegar hasta 40 mil pesos mensuales. Agricultores y jornaleros deben pagar por el derecho a cultivar sus tierras, mientras que los transportistas enfrentan extorsiones para transitar, con pagos de entre 30 mil a 40 mil pesos cada mes.

Las denuncias de casos de extorsión en México son muy pocas. Se estima que el 98.9 por ciento de los casos de extorsión no se denuncian por varias razones, entre ellas porque las víctimas tienen miedo a represalias, no confían en las autoridades, sospechan que las autoridades están coludidas con los criminales, están convencidos de que no pasará nada y los desmotiva la complejidad del proceso de denuncia.

La extorsión es un problema de seguridad y un desafío económico y social que no solo incrementa los costos de operación y producción, sino que deteriora el tejido social y la confianza en las instituciones. Es un problema complejo que afecta a todos. Desde el pequeño comerciante hasta el consumidor final, todos pagamos el precio de la impunidad. Es hora de que las autoridades y la sociedad civil trabajen juntos para erradicar este delito que está destruyendo nuestra economía y paz social.